Andalucía debe pagar 45.000 euros al año por cada menor migrante que acoge

En plena polémica por la crisis migratoria de Ceuta y la posibilidad de que las comunidades autónomas deban asumir el acogimiento de más menores migrantes no acompañados (mena), en Andalucía los dos socios de gobierno, PP y Vox, cierran filas para rechazar esa opción.

Y lo hacen, además, echando números de lo que ya destinan a ello sin que reciban los fondos correspondientes al coste que debe asumir el Estado.

La región andaluza, de esta forma, ya soporta una importante factura por la atención de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo la tutela de su sistema de protección.

El coste de las plazas residenciales contratadas por la Junta permite situar el precio de referencia entre 110 y 125,5 euros diarios por menor , dependiendo del centro y de las condiciones del contrato.No se trata de una cantidad que se entregue directamente al menor.

Es el coste de la plaza residencial y engloba el conjunto de servicios necesarios para su atención: alojamiento, manutención, personal educativo y social, transporte, ropa, material escolar, mantenimiento y otros gastos asociados al sistema de protección.A precios de contrato, una plaza ocupada durante un año completo representa entre 40.000 y 45.800 euros .

Cada cien plazas mantenidas durante doce meses supondrían, por tanto, entre cuatro y 4,6 millones de euros.

La cifra sirve para dimensionar el esfuerzo que exige el sistema, pero no debe confundirse con el gasto total de Andalucía en menores migrantes.

La ocupación de las plazas varía y la red de protección incorpora además otros costes que no quedan reflejados en el precio de cada plaza residencial.Casi 17 millones reclamados al EstadoLa Junta ya ha llevado al Gobierno central una factura concreta.

El año pasado, el Consejo de Gobierno andaluz tomó conocimiento del requerimiento efectuado al Estado para que financiara más de 16,8 millones de euros correspondientes a la atención integral e inmediata de 567 menores migrantes que habían sido trasladados hace unos meses a Andalucía identificados inicialmente como adultos.Según la Junta, estos menores acabaron incorporándose al sistema autonómico de protección después de que se determinara su condición de menores, y Andalucía tuvo que asumir su atención con financiación propia.

El requerimiento constituía el paso previo a una eventual reclamación judicial.

La cantidad no corresponde, por tanto, a todos los menores migrantes atendidos por Andalucía ni al gasto global del sistema.

Es una reclamación concreta referida a esos 567 casos.