PISA, Cataluña bajo sospecha

La exclusión de Cataluña de la comparación del próximo informe PISA constituye un episodio de extraordinaria gravedad.

De unos 2.500 alumnos seleccionados, el 23,2 por ciento quedó exento de realizar las pruebas, cuando la OCDE establece como referencia máxima un 5 por ciento.

El resultado es una muestra sin representatividad y unos datos que no podrán compararse ni con otras comunidades ni con la propia serie histórica catalana.

No estamos ante una irregularidad menor.

Cataluña venía de obtener en PISA 2022 sus peores resultados históricos en Matemáticas, Lectura y Ciencias.

Precisamente por ello, la nueva evaluación debía servir para determinar si el deterioro había sido corregido.

Sin embargo, quedaron fuera 591 alumnos, entre otros motivos por dificultades de aprendizaje, discapacidad o insuficiente dominio lingüístico, es decir, perfiles cuya exclusión masiva podía alterar favorablemente el resultado agregado.Más inquietante todavía es que la Generalitat recibió hasta siete advertencias del Instituto Nacional de Evaluación Educativa entre abril y mayo de 2025 sobre el exceso de exclusiones.

Había tiempo para corregirlo y no se hizo.

La investigación interna ha desembocado en dos expedientes por falta grave y otro por falta leve, además del cese de la secretaria general de Educación, aunque la consejera Esther Niubó haya desvinculado formalmente esta última decisión del escándalo.No está acreditado que existiera una orden política para falsear PISA, pero lo sucedido exige esclarecer si estamos ante una cadena excepcional de incompetencias o ante algo peor: una estructura administrativa dispuesta a deformar los instrumentos de evaluación cuando sus resultados amenazan el relato construido alrededor del modelo educativo catalán.

El problema trasciende así las responsabilidades individuales.

Durante demasiado tiempo, la enseñanza en Cataluña ha estado condicionada por planteamientos pedagógicos e identitarios, incluida una inmersión lingüística cuya eficacia debe poder someterse a evaluación empírica sin reservas ni subterfugios.El caso vasco merece una consideración distinta.

La reducción de la muestra al mínimo de centros exigido por la OCDE ha suscitado sospechas porque dificultará determinados análisis, especialmente en torno a su modelo en euskera, pero los expertos consultados por ABC sostienen que la muestra continúa siendo representativa y sus resultados comparables.

Conviene, por tanto, no equiparar situaciones diferentes, pero sí estar alerta ante lo que sucede.La evaluación independiente existe para impedir que las Administraciones sean juez y parte de sus políticas.

Si los responsables educativos alteran, obstaculizan o desactivan los mecanismos destinados a medir sus resultados, los primeros perjudicados son los alumnos.