Procesan a dos funcionarios por extorsionar a tres adolescentes migrantes en un albergue de Puebla

La Fiscalía General de la República llevó a proceso a dos servidores públicos por presuntamente extorsionar a tres adolescentes migrantes en un albergue de Puebla de Zaragoza , al solicitarles dinero a cambio de agilizar su retorno al país de origen y amenazarlos con prolongar su estancia en México si no pagaban.

Los imputados, identificados como Amador “N” y Carolina “N”, enfrentan cargos por el delito de cohecho agravado .

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, cuando las tres víctimas se encontraban alojadas en un albergue provisional en Puebla de Zaragoza por contar con situación migratoria irregular.

La amenaza apuntaba directamente a la vulnerabilidad de los adolescentes: su condición migratoria irregular los dejaba sin capacidad de negociación frente a quienes, en teoría, debían garantizar su protección.

Quiénes son los imputados y de qué se les acusa Amador “N” y Carolina “N” se desempeñaban como personas servidoras públicas al momento de los hechos, según informó la FGR en su comunicado.

La institución no precisó el área específica a la que estaban adscritos ni el monto del dinero presuntamente solicitado a las víctimas.

El delito imputado es el de cohecho agravado, previsto en el Artículo 222, fracción I del Código Penal Federal .

Ese tipo penal se configura cuando un servidor público, por sí o por interpósita persona, solicita o recibe ilícitamente dinero u otro beneficio para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones.

La condición de servidor público es precisamente el elemento que distingue esta figura del cohecho simple.

Cómo avanzó la investigación hasta la vinculación a proceso El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), fue la instancia que condujo la investigación.

Tras reunir los datos de prueba suficientes, el MPF solicitó audiencia inicial para formular la imputación en contra de los dos servidores públicos.

En esa audiencia, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla dictó el auto de vinculación a proceso.

La vinculación a proceso no equivale a una condena: es la determinación judicial de que existen datos suficientes para continuar el proceso penal contra los imputados.

Las fiscalías especializadas detrás del caso La FGR señaló que, ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes , actúa a través de dos instancias especializadas: la FEMDH y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas (FEIDPMR).