Cuba: la democracia como factor de soberanía

Históricamente, el gobierno cubano ha sostenido que la subsistencia del sistema político actual —partido comunista único, economía planificada, control de la sociedad civil, represión de opositores e ideología de Estado marxista-leninista— es indispensable para la preservación de la soberanía de la isla.

Sobre todo después de la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991, el discurso oficial cubano se ha aferrado a esa idea.

A más de tres décadas del fin de la Guerra Fría, ese precepto ha quedado rebasado por la historia reciente.

La conservación del mismo sistema político, aunque matizado constitucionalmente en 1992 y 2019, no ha contribuido a asegurar un país estructuralmente más soberano.

Luego de casi veinticinco años de relación prioritaria con la Venezuela de Hugo Chávez y el bloque bolivariano, hoy Cuba es un país más dependiente de Estados Unidos de lo que era en 1992, cuando se aprobó la Constitución de ese año, o en 2002, cuando se introdujo el principio constitucional, ratificado en 2019, del “socialismo irrevocable” 1 .

Como consecuencia del embargo petrolero aplicado por Estados Unidos desde febrero de este año, que se profundiza ahora con el acuerdo energético entre Washington y Caracas, el poco combustible que Cuba importa proviene, en su gran mayoría, de Estados Unidos.

También provienen de Estados Unidos bienes de consumo, alimentos, automóviles y equipos electrodomésticos.

Las importaciones del vecino del norte, en la primera mitad de este año, aumentaron un 61%, alcanzando cerca de 700 millones de dólares, cuando en todo el año de 2025 apenas pasaron de 400 millones.

2 De esos 700 millones, más de cien corresponden a derivados de combustibles, más o menos la misma cantidad invertida en la adquisición de alimentos congelados.

Por encima de esos montos, se registra un aumento de la compra, desde la isla, de productos de auxilio, socorro, prevención de desastres naturales y sobrevivencia.

Si a estas cifras se suma la ayuda humanitaria aprobada por el Departamento de Estado y distribuida por Cáritas, la fundación de la Iglesia católica, podríamos estar en presencia de una reorientación histórica de las redes del abastecimiento exterior a favor de Estados Unidos.

Dentro de esa reorientación juega un papel fundamental el nuevo paquete de 176 reformas estructurales, impulsado por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Esas reformas proponen una apertura sustancial de la producción y los servicios de la isla a la inversión directa de capital privado extranjero.

La apertura inversionista busca también una reactivación de créditos y transferencias desde el exterior, que favorecería, inicialmente, al capital estadunidense y cubanoamericano.