El árbitro no legisla ni gana elecciones

Cada proceso electoral incrementa la atención sobre las decisiones del Instituto Nacional Electoral.

Es natural: el INE organiza la competencia por el poder público y sus determinaciones son observadas por partidos, candidaturas, medios de comunicación y ciudadanía.

Lo que no debería normalizarse es que toda diferencia política se convierta en una descalificación del árbitro.

El INE tiene atribuciones claramente definidas.

Organiza elecciones, aplica las normas aprobadas por el Poder Legislativo, recibe y tramita las quejas que se presentan, investiga los hechos denunciados y adopta las determinaciones que corresponden.

No puede actuar a partir de rumores, percepciones o presiones mediáticas.

Tampoco puede crear infracciones ni sustituir las decisiones que competen al Congreso o las responsabilidades que corresponden a los partidos.

El debate sobre los actos anticipados de precampaña y campaña no es nuevo.

Desde hace más de una década, los procesos internos, las nuevas formas de promoción política y las estrategias utilizadas para adelantar posicionamientos han puesto a prueba las reglas existentes.

Los partidos conocen este problema porque lo han vivido, denunciado y debatido.

Sin embargo, no han alcanzado los acuerdos legislativos necesarios para establecer un régimen más preciso y adecuado a la realidad política actual.

Frente a esos vacíos, suele exigirse que el INE resuelva mediante interpretación lo que no fue definido en la ley.

Hacerlo significaría rebasar sus atribuciones y convertir a una autoridad administrativa en legisladora.

No se trata de una posición de conveniencia: la Sala Superior del Tribunal Electoral ha establecido que la falta de legislación del Congreso no faculta al Instituto para exceder su potestad reglamentaria.