Ecosistema integral de amedrentamiento contra periodistas

La semana pasada, el Comité para la Protección de los Periodistas ( CPJ , por sus siglas en inglés) publicó un informe sobre México que confirma, una vez más, la gravedad del riesgo cotidiano que enfrenta la prensa en el país, sobre todo quienes, con valentía y una admirable dedicación al oficio, ejercen el periodismo a escala local y estatal en algunas de las regiones más violentas.

La radiografía es alarmante: seis periodistas han sido asesinados en México en lo que va de 2026; cinco de ellos en un lapso de apenas dos meses, uno de los repuntes de violencia contra la prensa más graves que el CPJ ha documentado en más de una década.

Detrás de las cifras aparece una realidad todavía más grave: la persistencia de una impunidad que convierte cada crimen no resuelto en una invitación al siguiente.

Un par de días después de la publicación del informe del CPJ (que debería haber provocado un periodo de verdadera reflexión y, sobre todo, decisiones concretas para proteger a la prensa), el gobierno de México decidió aprovechar el máximo escenario político del país para exhibir una lista de periodistas y opinadores incómodos para el régimen.

Fue un acto indignante.

En el fondo, es la confirmación –una más, por si hiciera falta– de las prioridades del régimen.