Harfuch, ejemplo para muchos
En México hemos aprendido, desgraciadamente, a contar muertos, desaparecidos, secuestros y extorsiones.
Mucho menos frecuente ha sido medir la seguridad, por lo que debería ser elemental en cualquier Estado de derecho: la capacidad de investigar un crimen, identificar a sus responsables, detenerlos y llevarlos ante la justicia.
El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz permite observar las dos caras de esa realidad.
La directora de Pulso Informativo del Sureste fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital.
Hombres armados irrumpieron en su casa y se la llevaron por la fuerza.
Parte de aquel momento quedó registrado en video.
Un mes después, las autoridades confirmaron que restos encontrados en un rancho del sur de Veracruz correspondían a la periodista.
Hasta ahí, dolorosamente, una historia demasiado conocida en México.
Durante el primer semestre de 2026 fueron asesinados al menos seis periodistas en nuestro país, de acuerdo con recuentos publicados a partir de información de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
México sigue teniendo una deuda enorme con quienes ejercen el periodismo, particularmente en las regiones donde informar sobre seguridad, corrupción y poderes locales puede significar jugarse la vida.
Pero en el caso de Roxana Guzmán ocurrió algo que también debe decirse.
El Estado reaccionó y con resultados.
Primero, fueron detenidas ocho personas relacionadas con el crimen.
Entre ellas, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste presuntamente vinculados con el grupo criminal investigado y señalados por brindar apoyo logístico.
5News agregó este resumen a partir del feed público del medio. La nota completa, con todo el contexto, está en www.elfinanciero.com.mx — el contenido pertenece a El Financiero.
