La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte

La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y le otorgó a la administración nacional 60 días para responder.

El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Esta causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte, donde este jueves la Corte Suprema también se declaró competente.

Se trata de planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa.

Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses.

A partir de la medida cautelar planteada, la Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.

El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes .

Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida.

Frente a este hecho, la Provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo.

También pidió que el Gobierno se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan esa ley.

El fondo eliminado y el reclamo por las tarifas El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI , fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.

Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado.

La ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024.