El crimen organizado ¿debería ser traición a la patria?

Un operativo contra laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara terminó el 19 de abril con cuatro muertos en un barranco: dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua y dos estadounidenses señalados como agentes de la CIA.

Seis meses después, el 17 de octubre, la FGR detuvo al entonces fiscal, César Jáuregui, y lo imputó por traición a la patria.

No ha sido condenado ni vinculado a proceso; el juez federal decide el sábado 24.

La acusación es que permitió la participación de extranjeros sin autorización federal y que no informó a tiempo.

Él lo niega.

Quien lleva el expediente en la mano puede discutir si eso es traición.

Yo prefiero plantear otra pregunta: ¿por qué el crimen organizado no es traición a la patria? El artículo 123 del Código Penal Federal enumera quince formas de traición, con penas de cinco a cuarenta años: someter la Nación a un extranjero, cooperar con un Estado extranjero en perjuicio de México, entregarle información militar, solicitar su intervención.

Ninguna alcanza a una organización que controla territorio, cobra impuestos informales, compra policías y fiscales, y se financia con dinero de otros países.

Hoy eso se persigue como delincuencia organizada, un delito grave, pero tratado como un problema de seguridad pública y no como un ataque a la soberanía.

Hay razones para cambiar esa lógica.

La primera es que el negocio es transnacional por diseño.

Según la ONU, la producción mundial de cocaína rondó las 2,000 toneladas en 2020, más del doble que en 2014, y Colombia sigue siendo la principal fuente del mercado estadounidense.

En el fentanilo, los precursores vienen de proveedores químicos chinos.

El dinero regresa por bancos: el FinCEN, la unidad de inteligencia financiera del Tesoro de Estados Unidos, analizó 1,246 reportes de 2024 por unos 1,400 millones de dólares presuntamente ligados al fentanilo, con cuentas sobre todo en México y China conectadas con cientos de bancos corresponsales estadounidenses.