Dentro del presupuesto, lo verde no cabe

Hace unos días la Cámara de Diputados rechazó una reserva al artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación.

La propuesta, presentada por mi, buscaba crear un crédito fiscal para inversiones en eficiencia energética, manejo de residuos, energías renovables y reciclaje.

Que no prosperara dice mucho sobre la distancia entre el discurso de transición energética y las decisiones concretas que se toman al diseñar el gasto y la recaudación.

Conviene explicar qué se pedía.

Una reserva es una modificación que un legislador propone a un artículo del dictamen antes de la votación en el pleno.

En este caso, la idea era que las empresas que invirtieran en ciertas tecnologías pudieran descontar una parte de ese gasto de sus obligaciones fiscales.

No era un subsidio directo ni una transferencia; era una señal: si limpias tu proceso productivo, el Estado te acompaña.

Es un instrumento que muchas economías, con mayor espacio fiscal que el nuestro, utilizan desde hace años. ¿Por qué importa a estados como Baja California? Porque este vive de la manufactura exportadora y del nearshoring.

Hoy, un proyecto que busca instalarse en un parque industrial no compara solo costos de mano de obra y cercanía con Estados Unidos.

Revisa también la disponibilidad de energía limpia, la capacidad de la red eléctrica y la gestión de residuos industriales.

Las cadenas globales de suministro exigen a sus proveedores una huella de carbono verificable.

Un incentivo bien diseñado habría ayudado a las pequeñas y medianas empresas a cumplir esa exigencia sin asumir solas todo el costo.

En la discusión presupuestaria suele repetirse un argumento: el gobierno no puede renunciar a ingresos.

Es legítimo, pero incompleto.