Doble discurso con la inversión

Existe una contradicción que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que resolver tarde o temprano.

Desde Palacio Nacional, en las secretarías de Economía, Energía y prácticamente todo el gabinete económico se insiste en que México necesita inversión privada, nacional y extranjera, para crecer, aprovechar la relocalización de empresas, generar empleos y convertir al país en una de las principales plataformas productivas de América del Norte.

Sin embargo, mientras el discurso ofrece certidumbre, algunas decisiones institucionales y legislativas despiertan precisamente la preocupación contraria: más controles, nuevas revisiones y mayores interrogantes para quienes arriesgan su capital.

El asunto cobra actualidad con la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, aprobada por el Senado el pasado 30 de septiembre y enviada a la Cámara de Diputados.

El nuevo esquema establece un procedimiento a cargo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para revisar determinadas operaciones por razones de seguridad nacional.

Entre los supuestos contemplados están adquisiciones superiores al 49 por ciento del capital de empresas mexicanas que participen en sectores considerados sensibles, como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, insumos fundamentales o manejo de información sensible, siempre bajo las condiciones previstas por la propia reforma.

Nadie puede objetar seriamente que México proteja sectores estratégicos ni que revise inversiones que eventualmente comprometan la seguridad nacional.

Estados Unidos y Canadá tienen mecanismos semejantes.

El problema empieza cuando los criterios son ambiguos, los procedimientos se vuelven burocráticos o la autoridad obtiene márgenes demasiado amplios de discrecionalidad.

Eso es precisamente lo que está advirtiendo la International Chamber of Commerce México.

La organización considera legítimo proteger la seguridad nacional, pero reclama criterios objetivos y transparentes para evitar que el nuevo mecanismo se convierta en una fuente de incertidumbre para quienes evalúan invertir en nuestro país.

ICC México pide certeza para la inversión.

La advertencia debería escucharse en San Lázaro antes de aprobar automáticamente lo que llegó del Senado.

ICC México propone definir claramente qué operaciones serán revisadas, facilitar los trámites de aquellas de menor riesgo, permitir consultas confidenciales previas, garantizar a las empresas conocer las preocupaciones de la autoridad y ofrecer información pública sobre el funcionamiento del mecanismo.