Obtiene el Imos certificación ISO-9001:2025

Tijuana.— La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), recibió la certificación ISO-9001:2025 que permitirá a su administración estandarizar procesos, agilizar la atención y dar continuidad a los servicios del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (Imos) en toda la entidad.

Con este título, los trámites en el Imos serán más rápidos, los procesos claros y, además, se reconoce el trabajo realizado para estandarizar los procedimientos del instituto y mejorar la atención que reciben tanto la ciudadanía como el sector transportista.

Los certificados fueron entregados por el director de SIDI Consultores, Reynold Marcial Rivera Torres, y corresponden también a las delegaciones de Tijuana, Ensenada, San Felipe, San Quintín y Mexicali.

La gobernadora reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los colaboradores del Imos para alcanzar este resultado, orientado a brindar servicios más eficientes y con procesos que puedan mantenerse en el tiempo.

“Esta certificación internacional permitirá que el Instituto de Movilidad Sustentable se coloque a la altura de las mejores instituciones del país y también del mundo.

Demuestra que en Baja California sí se puede hacer gobierno de calidad, con transparencia, con eficiencia y con resultados”, dijo.

A su vez, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general del Imos, informó que la preparación para obtener la certificación se desarrolló durante un año y permitió establecer bases para que futuras administraciones puedan continuar atendiendo los trámites de manera rápida y eficaz, reduciendo errores que puedan afectar a la población.

“Fue una indicación de la gobernadora estandarizar los trámites que se realizan en Imos, para hacerlos más rápidos y con menos errores”, expresó.

Explicó que la certificación también permite dar continuidad a los procesos ante cambios de administración, al establecer procedimientos documentados, claros y auditados por un tercero externo.

Este esquema facilita la identificación anticipada de situaciones que puedan afectar la prestación de los servicios públicos, reduce márgenes de discrecionalidad y permite detectar duplicidad de funciones, desperdicio de presupuesto y cuellos de botella dentro de la operación administrativa.

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