Valor de mercado: la amenaza fiscal contra su casa

La camarada Kaprugina increpa a Yuri y le hace ver cómo es que “en esta sola casa había espacio para trece familias”.

Yuri –consternado– le responde: “Sí… sí, es un mejor acomodo, camarada”.

Es una escena de la película Doctor Zhivago, protagonizada por Omar Sharif y Geraldine Chaplin, a la que la Academia otorgó cinco premios Óscar en 1966; un diálogo que en esta época remueve la conciencia e invita a la reflexión.

En ella, Yuri (Sharif) vuelve del frente a la casa de los Gromeko en Moscú, donde vivía con su esposa Tonya, su hijo Sasha y su suegro, Alexander Gromeko, y encuentra que, tras el triunfo de la revolución comunista, su casa ha sido ocupada.

En estas semanas han avanzado en paralelo dos proyectos normativos —cada uno con distinto fundamento constitucional, aunque con propósitos afines—, respecto de los cuales nadie puede tener hasta ahora un pronóstico acertado: el dictamen por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, ya aprobado por la Cámara de Diputados, y el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, cuya consulta pública continúa.

El primero de ellos, que encuentra su génesis en el decreto de reformas al artículo 73, fracción XXIX-R, de la Constitución, de diciembre de 2013, tiene por objeto crear una Plataforma Nacional Catastral y determinar las reglas conforme a las cuales se llevará a cabo la armonización de los catastros y registros públicos de todo el país, con miras a lograr uniformidad y equidad, y de la que podría derivar una revaloración inmobiliaria.

Precisa de la intervención de los congresos locales y depende de la labor que, con ese objetivo en mente, lleven a cabo los municipios del país, a cuyo cargo está el cobro del impuesto predial.

El segundo de los proyectos tiene su origen en el artículo 122, apartado C, de la Constitución federal, que prevé la coordinación metropolitana del Valle de México, y en el artículo 19 de la Constitución local, y encuentra su regulación en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

El Programa de Ordenación es un instrumento de planeación de alcance metropolitano —con una visión a 2050— dirigido a regular la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio, en el que se establecen los principios asociados al uso equitativo y eficiente del suelo urbano, y que tiene por objetivo, entre otras cosas, regular la transformación de la ciudad y asegurar la función social del suelo y de la propiedad privada para un desarrollo sustentable, compatible con los intereses de la sociedad.