El Caballo de Troya

El último minuto de este viernes concluye la consulta pública en torno a los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias.

El debate es controvertido y no es para nada sencillo, y nos pone frente al eterno dilema de toda democracia: cómo garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad sin abrir la puerta a mecanismos que puedan limitar la libertad de expresión.

La discusión es muy importante como para reducirla simplemente a una confrontación entre gobierno y oposición, o a una falsa disyuntiva entre regulación y libertad absoluta.

No podemos perder de vista que en realidad lo que está en juego es la arquitectura institucional que definirá quién ejerce el poder y quién es el árbitro de la conversación pública.

Los derechos de las audiencias no son una innovación del actual gobierno.

Fueron incorporados al marco constitucional mexicano a partir de la reforma de telecomunicaciones de 2013.

Entre otros principios, reconocen el derecho de las personas a distinguir entre información y opinión, identificar contenidos publicitarios y contar con mecanismos de defensa frente a abusos de los concesionarios.

Los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones buscan reglamentar esas disposiciones mediante códigos de ética, defensores de las audiencias y procedimientos de queja.

Visto de manera aislada, el objetivo parece razonable en una época como la que se vive en todo el mundo, marcada por la desinformación, la manipulación de los algoritmos y la erosión de la confianza en los medios.

En estas circunstancias, exigir transparencia y responsabilidad editorial no resulta para nada descabellado.

De hecho, muchos de esos mecanismos existen desde hace años en democracias consolidadas.

Sin embargo, las preocupaciones expresadas por periodistas, académicos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión no son producto de una paranoia colectiva.

Surgen del contexto político en el que se impulsa la propuesta.

Durante los últimos años, México ha experimentado una profunda reconfiguración institucional.