Se estrecha el cerco contra los López

La cancelación de la visa estadounidense de Andy Manuel López Beltrán abre un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos y, sobre todo, coloca a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos mayores en una situación política y judicial que difícilmente podrá resolver con cartas incendiarias, descalificaciones o apelando a una relación pasada con Donald Trump, o peor aún, con argumentos ramplones y patrioteros como la violación a la soberanía nacional.

En la realidad del retiro del documento migratorio subyace, como lo dijo Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, la persecución sobre el expresidente de México por parte de la justicia norteamericana y ello lo sabe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como dice el propio subsecretario de Estado, Cristopher Landau, no hay que dejar que el drama político afecte la relación de ambos países y tiene razón.

Si hay un político que atente contra la seguridad interior de la Unión Americana al cometer actos criminales, pues debe pagar las consecuencias y dejar los argumentos distractores como la violación de la soberanía para episodios que realmente dañen al país.

Quienes realmente atentan contra la soberanía nacional son los narcos y los políticos que se aliaron con ellos.

En un capítulo más de la crónica anunciada de la persecución contra los López, está el retiro de la visa de Andy y a ello seguirán otros episodios para culminar con la extracción.

Andy no es un turista cualquiera al que le negaron la entrada a Estados Unidos.

Es uno de los integrantes de la familia política más poderosa del sexenio anterior y un personaje que durante años ha estado en medio de polémicas relacionadas con los negocios y contratos obtenidos por personas de su círculo cercano, además del caso de huachicoleo fiscal más relevante de la historia por el monto defraudado al SAT; por ello, hay que leer entre líneas cuál es el significado político y judicial del hecho.

Cada episodio relacionado con personajes cercanos a Morena que involucre decisiones de las autoridades estadounidenses alimentará inevitablemente la narrativa opositora sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.

Y vienen las elecciones de 2027.

Por eso Sheinbaum debería evitar cargar sobre sus hombros la defensa política de todos los personajes del movimiento.

Su responsabilidad constitucional es gobernar México, preservar una relación funcional con Estados Unidos y exigir que cualquier señalamiento contra mexicanos sea procesado mediante los canales jurídicos correspondientes.

No convertirse en defensora de oficio de nadie.

Mucho menos cuando está de por medio la relación con el principal socio comercial del país.