El accidente y la soberanía

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se convirtió súbitamente en heroína de una parte de la oposición e incluso algunos adelantados le comenzaron a construir la imagen de aspirante fuerte a la candidatura presidencial en 2030, lo que solamente evidenció la ausencia de figuras de peso rumbo a ese horizonte.

Pero Campos no llegó a esa posición por los resultados de su gobierno o por su carisma, sino, literalmente, por accidente.

De no ser por el trágico accidente ocurrido en la Sierra de Chihuahua en abril pasado, en el que murieron cuatro personas, incluyendo a dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es probable que nunca se hubiese conocido de su participación, violatoria de nuestra Constitución y nuestras leyes, en acciones dentro del territorio nacional.

Fue ese accidente, y las mentiras en torno a sus circunstancias que soltó el ahora preso exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, los ingredientes que alimentaron los sueños de futuro de la gobernadora.

La candidatura accidental muy pronto mostró sus límites, entre otras cosas porque fue construida sobre el burdo relato del “narcogobierno”, construido por agencias e intereses estadounidenses y comprado ciegamente por sectores de la oposición mexicana que encuentran en la guerra de lodo su única posibilidad de seguir figurando en el escenario electoral.

Los entusiastas de la gobernadora se dedicaron a decir que la participación de agentes extranjeros en el operativo que concluyó trágicamente era una prueba de que ella, a diferencia del gobierno federal, sí combate al crimen, y que hacerlo por la vía de violaciones a la ley era cosa menor.

En su algarabía accidental creyeron que los preceptos constitucionales que delimitan las competencias exclusivas de la Federación y la Ley de Seguridad Nacional podían ser ignorados.

Celebraron con bombos y platillos el desmantelamiento de dos narcolaboratorios, pero olvidaron el pequeño detalle de que, en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido inhabilitadas 2 mil 700 instalaciones dedicadas a la producción de drogas sintéticas (la cifra, por cierto, la mencionó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en septiembre pasado).

Una simple consulta en Internet nos ofrece múltiples declaraciones, como la de Johnson, de altos funcionarios de Estados Unidos, que se apartan de la retórica incendiaria del presidente Donald Trump, amarrada a sus urgencias electorales.

El relato del “narcorégimen”, que tanto gusta a la derecha, va de la mano de las narcoseries que reducen un fenómeno complejo como el crimen transnacional a la actuación de unos cuantos “bad hombres”.

Sostener ese relato no les ha dado réditos.