Ladrón que roba a ladrón: el pacto petrolero de Trump con Venezuela

Dice la sabiduría popular que ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón.

Quizás en ese dicho se basó la administración de Donald Trump para justificar el pacto que acaba de anunciar con Venezuela.

Sin tapujos, asegura concesiones de 100 años para desarrollar 17 campos con reservas probadas de unos 65 mil millones de barriles.

Es decir, asegura control sobre el petróleo de otra nación sin reparos en su soberanía.

Pese que no se han hecho públicos los detalles del acuerdo, el otorgamiento de dichas concesiones por parte de autoridades venezolanas vendría a cambio de lo que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, describe como un mecanismo soberano que traería inversiones y recursos al país sudamericano.

Sin embargo, según la información difundida, el Departamento de Guerra de Estados Unidos recibiría 35% de participación en la matriz corporativa, mientras el Departamento de Estado tendría derecho a comprar 20% de la producción a costo y tendría prioridad sobre el 80% restante.

La apuesta es de largo alcance y está alineada con distintas prioridades para Estados Unidos.

La más evidente es lograr abastecerse de crudo barato y cercano en un momento en el que la crisis en el Estrecho de Ormuz ha demostrado que la soberanía energética es uno de los activos más importantes en medio del conflicto.

También se alinea a su visión hemisférica, por un lado, contrarrestando la influencia china y rusa en Venezuela y, por otro, capitalizando su presencia y capacidad de presión en el Caribe.

Pero quizás lo más trascendental es esta arquitectura política que propone, en donde un país externo construye un andamiaje en el que el capital privado opera como vehículo de influencia estatal.

La naturaleza de la operación lo deja en evidencia, pues no es un acuerdo que opere únicamente entre gobiernos.

Se trata de un modelo híbrido en donde se emplea a NABEP, una empresa privada venezolana, de la cual Washington obtendría una participación accionaria estatal, derechos sobre la producción y prioridad de compra.

Esto dista diametralmente de la idea que plantea Caracas al hablar de una soberanía formal y una recuperación económica.

Prueba de ello es que el gobierno de Estados Unidos tendrá poder de veto en el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva de NABEP y la mayoría deberán ser estadounidenses.