El petróleo, el punto más sensible de la política venezolana

Fotografía de un buque tanquero de petróleo navegando este sábado en Maracaibo (Venezuela).

EFE/ Henry Chirinos Los acuerdos petroleros anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez —cuyos detalles apenas ahora empiezan a conocerse, y por partes—, han tocado algunas de las zonas más delicadas del debate público venezolano: la relación del petróleo con el Estado y su vínculo con la ciudadanía.

Por Alonso Moleiro / elpais.com La existencia de acuerdos de largo plazo (al menos 25 años), anunciados por un presidente extranjero, sin detalles verificables sobre sus posibles beneficios y con extendidas sospechas sobre el uso que Estados Unidos ha dado a los ingresos nacionales de estos meses, ha producido un disgusto generalizado, apenas atenuado por la pulsión de ciertas élites locales a no enemistarse con Washington, acaso la última esperanza que le queda al ideal de un regreso a la democracia.

Estos acuerdos no han sido conocidos por la Asamblea Nacional, como lo exige la Constitución.

El debate sobre la explotación y el uso de los recursos petroleros tiene más de un siglo en Venezuela, el mismo tiempo transcurrido desde el descubrimiento de sus primeros yacimientos.

Durante todas estas décadas se fue fundando en la sociedad nacional un poderoso sentido de pertenencia sobre el petróleo.

En el debate político local, desde siempre, se ha valorado moralmente el compromiso de los actores políticos con la propiedad nacional del crudo.

Algunos de los libros más importantes del pensamiento político venezolano —por ejemplo, Venezuela, política y petróleo , de Rómulo Betancourt (1956)— tienen como tesis central la producción de crudo y la estrategia para desarrollarla en un contexto soberano.

La dictadura de Juan Vicente Gómez (1909-1935) ha sido juzgada con severidad por la historiografía nacional por la laxitud con que negoció las primeras explotaciones de pozos en el país con las empresas internacionales, en detrimento del interés nacional.

Con Gómez, las multinacionales se asentaron y llegaron para quedarse todo lo posible.

Desde entonces, cada nuevo gobierno que asumió el poder hizo esfuerzos continuos por sumar eslabones al control nacional del petróleo y su producción, una meta histórica de la política local.

El gobierno aperturista y moderado de Isaías Medina Angarita (1941-1945) puso en vigor la Ley de Hidrocarburos, que por primera vez obligó a las transnacionales a acoplarse a las disposiciones estatales: fijó las regalías para el Estado en 16% y estableció un impuesto de 12% sobre el total de las ganancias por explotación.

En 1945, el nuevo presidente, Rómulo Betancourt, decretó un impuesto extraordinario a las ganancias de las transnacionales.