Hermano de jueza Afiuni denuncia restricciones que le impiden tramitar su pasaporte

Nelson Afiuni dijo que no puede tramitar el documento que le permitiría a la jueza salir del país y poder conocer a sus nietos al terminar su tratamiento médico

El hermano de la jueza María Lourdes Afiuni , Nelson Afiuni, denunció que no puede tramitar su pasaporte ante medidas de restricción en la plataforma tecnológica del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

En su red social X, Afiuni mostró una imagen donde se ve que la jueza no puede acceder al documento que le permitiría salir del país después de cumplir un tratamiento médico por su delicada condición de salud.

«La libertad plena de la jueza Afiuni es una farsa tiene restricción para sacar su pasaporte, ella cuando termine su tratamiento quiere viajar a conocer sus nietos», dijo el hermano.

Después de 16 años, a inicios de este mes de agosto Afiuni recibió la libertad plena, tras un proceso judicial en su contra que inició cuando Hugo Chávez ordenó encarcelarla por otorgarle libertad plena a un empresario, Eligio Cedeño.

Desde entonces pasó un calvario desde su detención el 17 de diciembre de 2009 . En ese momento, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la acusó de supuestos delitos de corrupción, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir.

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A partir del año 2019 enfrentaba una condena en arresto domiciliario, pese a su condición de salud que se deterioró mientras estuvo en la cárcel del Inof, en Los Teques, una penitenciaría de mujeres donde la enviaron a pesar de su condición de jueza.

En ese recinto la mantuvieron hasta el año 2013. En esa cárcel sufrió abusos, amenazas graves de otras reclusas -algunas que habían sido procesadas por ella cuando era jueza-; e incluso ella misma denunció que fue víctima de una agresión sexual -en 2012- lo que le provocó un embarazo y posterior pérdida del bebé.

Pese a que le dieron una medida humanitaria, en 2019 la condenaron por «corrupción espiritual», según el fallo del juez Manuel Antonio Bognanno, una figura jurídica que no existe en la legislación venezolana, pero que posteriormente ratificó la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a cargo en ese entonces de la magistrada Elsa Gómez.

El caso de Afiuni llegó a instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en el año 2015 pidió un juicio justo y se cumpliera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que en 2016 aseguró que su detención estuvo basada en represalias en su contra.

«El Grupo de Trabajo considera que la detención de la Sra. Afiuni es una medida de represalia. También le preocupan las alegaciones de que la Sra. Afiuni sufrió malos tratos y agresión sexual durante su detención y de que tales alegaciones no habrían sido oportunamente investigadas. El Grupo de Trabajo reitera su llamamiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que ponga inmediatamente en libertad a la Sra.