La brecha de gestión de riesgos de Venezuela, por Marino J. González R.

Los terremotos del 24 de junio dejaron en evidencia las restricciones de la gestión de riesgos ante amenazas naturales que confronta Venezuela.

Los indicios se convirtieron en realidad contundente.

La comprobación de las prácticas que se ejecutan en otros países de la región demuestra que tales restricciones son absolutamente mejorables.

El problema radica en conocer el tamaño de la brecha que tiene el país con respecto a las mejores prácticas.

A comienzos de la década pasada, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó una serie de documentos sobre el «Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP)».

Este índice se propuso para evaluar la existencia formal de las condiciones legales, institucionales y presupuestarias para que los procesos de la gestión de riesgo puedan ser implementados en los países.

El iGOPP toma en cuenta dos pilares: (1) el marco conceptual de la gestión de riesgo de desastres y sus principales procesos, y (2) el marco conceptual de la gobernabilidad y las fases de política pública.

Se proponen seis componentes como expresión de los procesos para orientar e implementar políticas públicas.

Estos componentes son: (1) marco general de la gobernabilidad, (2) identificación y conocimiento del riesgo, (3) reducción del riesgo, (4) preparativos para la respuesta, (5) planificación de la recuperación post desastre, y (6) protección financiera.

Como resultado de la estimación del iGOPP para 26 países de América Latina y el Caribe se diseñó una plataforma interactiva ( Monitor Risk ).

De la revisión de esta plataforma se puede indicar que sólo seis países cuentan con estimaciones del iGOPP en los últimos cinco años (Belice 2023, Bolivia 2024, Guatemala 2021, Honduras 2021, y Panamá 2021).

Los países que tienen estimaciones con más de 10 años de rezago son: Colombia (2013), Haití (2013), Perú (2013), y Venezuela (2015).

De acuerdo con la disponibilidad de la información, es bastante evidente que la comparación de políticas es prácticamente imposible.

Los datos lamentablemente condicionan que el seguimiento de la calidad de las políticas sea prácticamente una actividad más parecida a la arqueología que al análisis de políticas públicas de corto plazo.