En busca de la soberanía perdida, por Samuel J. Pérez Hermida

Las recientes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tras su reunión en la capital estadounidense con la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, ratificaron una premisa clave en la coyuntura venezolana actual; las posibilidades reales de una eventual transición política en Venezuela dependen hoy, casi totalmente, de la tutela de Washington.

En este esquema tutelado, la realización de elecciones libres y competitivas deja de ser una exigencia inmediata para convertirse en el eventual punto de llegada de una ruta definida en la capital estadounidense.

El proceso venezolano transcurre así a través de las rendijas de una tutela que es tan determinante como ambivalente.

Si bien el músculo político y financiero de EEUU resulta indispensable para destrabar el estancamiento dejado por más de 27 años de hegemonía chavista e injerencia de sus aliados internacionales, también supedita la dinámica política interna venezolana a los tiempos y prioridades de la política exterior estadounidense.

La política exterior de las grandes potencias suele caracterizarse por la persistente contradicción entre el discurso de promoción de la democracia y la cruda realidad de sus intereses estratégicos.

El reciente respaldo de la Casa Blanca a la representación de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, en las negociaciones con la cúpula del chavismo sobreviviente pone de manifiesto esta tensión una vez más.

Mientras el Departamento de Estado proclama su compromiso con una transición democrática, la dilación deliberada de pasos institucionales imprescindibles, como la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), expone las verdaderas prioridades de los EEUU en el juego geopolítico actualmente en desarrollo.

Postergar la reforma del árbitro electoral en un proceso de negociación carecería de lógica si el objetivo final fuese realmente la restitución expedita del voto popular como mecanismo soberano.

No obstante, cobra todo su sentido cuando se analiza desde la perspectiva de la tutela estratégica.

Para Washington, la estabilidad transaccional y la normalización del flujo energético venezolano en la actual coyuntura global priman sobre las aspiraciones democráticas de la sociedad venezolana.

La mesa de negociación corre el riesgo de transformarse en una plataforma para administrar la gobernabilidad energética antes que en un vehículo para la transferencia efectiva de poder a las mayorías democráticas.

A lo anterior se suma un déficit de representatividad que distorsiona el proceso.

La delegación opositora, circunscrita a solo una parte de la correlación de fuerzas parlamentarias del 2015, deja al margen a diversos actores políticos y de la sociedad civil.