Juan Pablo García: Dignidad inquebrantable frente al ensañamiento judicial

A lo largo de estos prolongados y oscuros años, el mundo ha sido testigo de cómo este régimen criminal instrumentaliza el sufrimiento humano, la tiranía de la tortura y el encarcelamiento ilegal como burdas herramientas estratégicas para forzar negociaciones y perpetuarse en el poder.

Lejos de responder a dinámicas de justicia, la privación de libertad en nuestro país opera bajo la lógica de un mercado humano: los presos políticos son reducidos a simples mercancías de cambio.

El andamiaje represivo ejecuta detenciones masivas o selectivas sincronizadas milimétricamente con sus necesidades geopolíticas.

Así, cuando la dictadura busca aliviar las sanciones internacionales, legitimarse ante la comunidad exterior o ganar concesiones en una mesa de negociación, abre el grifo de la libertad a cuentagotas.

Estas excarcelaciones se ejecutan con un cinismo extremo; el poder finge clemencia institucional cuando, en realidad, consuma una vulgar transacción, devolviendo una fracción de los derechos secuestrados a cambio de un balón de oxígeno político.

Cada preso político, en este perverso tablero, es degradado a una ficha de canje.

Paralelamente a esta masificación represiva, coexiste un ensañamiento judicial quirúrgico que se ceba en casos emblemáticos diseñados para proyectar terror de Estado y propinar castigos ejemplares a quienes osan tocar las fibras más sensibles del aparato oficial.

La historia reciente está marcada por estos calvarios: el trágico y recordado destino del General Raúl Isaías Baduel; el acoso sistemático contra la jueza María Lourdes Afiuni, cuyo tormento dejó secuelas imborrables; o la alarmante situación del jurista Perkins Rocha.

En el caso de este último, la supuesta «medida humanitaria» de mantenerlo bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico evidencia que su calvario no ha terminado, sino que simplemente se ha mudado de espacio físico.

Sin embargo, este ensañamiento cruel y deliberado que busca quebrar la integridad del individuo ha provocado el efecto contrario: ha agigantado su estatura moral ante una ciudadanía que hoy le reconoce su inquebrantable dignidad.

Ante esta realidad indudable, hacemos un llamado urgente y categórico a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos del mundo y a los organismos defensores de los derechos humanos.

La comunidad global no puede seguir siendo un espectador pasivo ni validar diálogos que prioricen activos materiales por encima de la vida y la dignidad humana.

Exigimos una acción coordinada y firme que ponga fin a este sistema de extorsión estatal y extienda una presión real e implacable sobre los opresores.

Exigimos la liberación inmediata, absoluta e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela.