Estados Unidos impone nuevas sanciones a ocho empresas y tres oficiales militares de Cuba

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones económicas contra ocho entidades corporativas vinculadas al Estado cubano y tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en un nuevo movimiento dirigido a asfixiar la infraestructura financiera del aparato defensivo y minero de la isla.

Las restricciones fueron dictadas bajo el amparo de la Orden Ejecutiva 14404, promulgada por el presidente Donald Trump , la cual faculta al Ejecutivo estadounidense para sancionar a individuos y corporaciones asociadas a la represión política, así como a actividades que Washington considera amenazas directas para la seguridad nacional y la estabilidad regional.

El paquete sancionatorio abarca a cuatro empresas estatales enfocadas en la extracción y comercialización de yacimientos de níquel, además de cuatro firmas bajo administración militar especializadas en la investigación tecnológica, la fabricación de sistemas de armas, capacidades navales y software de simulación táctica para el campo de batalla.

"Durante décadas, el régimen cubano ha canalizado todos los recursos de la isla hacia una élite militar reducida y corrupta, dejando a los cubanos comunes sin electricidad, alimentos ni dignidad. La Administración Trump no permanecerá impasible mientras la élite cubana se enriquece mediante la extracción de recursos y los acapara para el aparato de seguridad represivo", aseveró el secretario de Estado, Marco Rubio , mediante un comunicado oficial.

La diplomacia estadounidense fundamentó las sanciones en la necesidad de evitar la acumulación de capital por parte del conglomerado militar que gestiona sectores clave del mercado insular, en el marco de la crisis socioeconómica y energética que atraviesa el país caribeño.

En la misma declaración, la Secretaría de Estado reiteró la postura de Washington respecto al panorama político de la isla, subrayando que el gobierno estadounidense mantiene el compromiso de respaldar una transición política administrada por la ciudadanía cubana y no por la cúpula militar que regenta los principales activos económicos de la nación.