Venezuela ante los primeros anuncios de la «Mesa de Diálogo», por Samuel J. Pérez Hermida

Correo: [email protected] La «Mesa de Diálogo» entre el gobierno encargado, dirigido por el triunvirato de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, y una parte de la oposición representada por una comisión de la Asamblea Nacional del año 2015, instalada en Caracas bajo la tutela de los Estados Unidos, hizo públicos sus primeros anuncios por medio de una declaración conjunta conocida la semana pasada.

Aunque los acuerdos iniciales son aún parciales y están sujetos a la prueba de su cumplimiento, desde el punto de vista de la comunicación política marcan claramente un nuevo giro en la dinámica del poder en nuestro país.

Entre los puntos más relevantes de estos anuncios destaca la propuesta de reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un elemento que se perfila como piedra angular en cualquier eventual transición política en Venezuela.

El TSJ ha demostrado, durante todos estos años, su alineación con el poder ejecutivo, tomando decisiones que han limitado la autonomía de otros poderes públicos y que siempre han ido en la dirección de favorecer los intereses de las fracciones que en diferentes momentos han controlado al PSUV.

La propuesta de reforma, discutida en la Mesa, apunta al establecimiento de criterios de selección de los magistrados más transparentes y que sirvan para garantizar la independencia judicial.

En un eventual escenario de transición democrática, esta medida tendría un impacto decisivo en varias dimensiones, como la legitimidad electoral, ya que un TSJ renovado podría garantizar mayor imparcialidad en la validación de futuros procesos electorales; podría restablecer los equilibrios institucionales, ya que podría contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema de justicia como árbitro neutral, y daría una importante señal a la comunidad internacional, mostrando voluntad de apertura y respeto a los estándares democráticos occidentales, lo cual es una condición indispensable para el reconocimiento del Estado venezolano.

Sin duda alguna, la reforma judicial, más que un simple ajuste técnico, adquiere el valor simbólico de una ruptura con las prácticas de control político que han operado en Venezuela durante más de dos décadas, siendo además un paso hacia la potencial reconstrucción de la institucionalidad de nuestro sistema político; sin embargo, el sometimiento de nuestra soberanía nacional a una dura tutela es un hecho innegable.

Estos anuncios se producen en un contexto marcado por el control estadounidense sobre los recursos petroleros y las finanzas públicas venezolanas, a través del cual Washington mantiene un rol de supervisión que condiciona la capacidad de los actores políticos venezolanos, tanto del gobierno encargado como de la oposición, para tomar decisiones realmente autónomas.