Daños por sismos y precariedad laboral atentan contra el regreso a clases en Venezuela

Los estudiantes rezan antes de desayunar en el primer día de regreso a clases en una escuela privada en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) Mientras el régimen interino de Delcy Rodríguez anuncia que el próximo curso escolar comenzará el 14 de septiembre, la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap apuntan que más de 900 escuelas resultaron afectadas en todo el país por el doblete sísmico del 24 de junio.

Por Pedro Pablo Peñaloza | Infobae En una consulta realizada a 99 miembros de comunidades escolares, hallaron que 27,3% de los planteles reportan daños graves y 33,3% registra áreas totalmente clausuradas por los efectos del doble terremoto.

Estas ONG recuerdan que varias instituciones educativas fueron tomadas para ubicar campamentos transitorios y centros de acopio con el fin de atender a los damnificados.

“Todo esto confirma un escenario de alta vulnerabilidad para garantizar el derecho a la educación”, alertan.

Fotografia del 17 de agosto del 2026 donde se observa materiales educativos de la escuela Urimare que resultó afectada por lluvias, en Catia La Mar, estado La Guaira (Venezuela).

EFE/ Miguel Gutiérrez El informe de Redhnna y Cecodap no se reduce a evaluar la situación de la infraestructura, llamando la atención sobre el hecho de que 65,7% de los inmuebles revisados presentan daños leves.

También analiza “la precariedad laboral persistente en el personal de las escuelas subvencionadas bajo el convenio entre el Ministerio de Educación y la AVEC (Asociación Venezolana de Escuelas Católicas)”.

“Docentes con décadas de servicio reportan ingresos mensuales que no cubren necesidades básicas; por ejemplo, un maestro con 27 años de servicio percibe alrededor de 767 bolívares, equivalentes a aproximadamente 1,01 dólares al 5 de agosto de 2026”, exponen.

En el caso particular del movimiento de educación popular Fe y Alegría, señalan que el impacto del doblete sísmico perjudica directamente a 15 mil estudiantes, unos 1.300 trabajadores y cerca de 12 mil familias.

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