«La crisis de la justicia en Venezuela es estructural», advierte ONG Acceso a la Justicia

La crisis del sistema de justicia en Venezuela no es coyuntural sino estructural , así concluyó el informe anual 2025 de la ONG Acceso a la Justicia que repasa la situación del estado de derecho en el país en el último año.

Citaron cifras del Índice de Estado de derecho 2025 de World Justice Project, en el que el país volvió a ocupar el último puesto mundial de 143 naciones evaluadas.

En el documento destacaron que las mayores deficiencias están relacionadas con la justicia penal, la corrupción, la falta de independencia de los tribunales, la ausencia de contrapesos al Ejecutivo y las limitaciones al acceso a información pública.

Entre esos números señalaron que «Venezuela ocupa el último lugar mundial en gobierno abierto, con una caída de 0,33 a 0,27 entre 2015 y 2025.

Esta dimensión mide la transparencia, el acceso a información pública y la participación ciudadana en políticas públicas, áreas en las cuales el país se aleja aún más de los promedios global (0,52) y regional (0,51)».

Familiares de privados de libertad denuncian corrupción en Circuito Judicial de La Guaira Leyes restrictivas y TSJ no imparcial Un análisis, que Acceso a la Justicia hizo sobre los recursos de habeas corpus entre los años 2021 y 2023, citados en el informe, señala que en 207 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, apenas en una de ellas hubo una excarcelación, mientras que las solicitudes para garantizar la defensa de las personas no fueron tramitadas.

La organización no gubernamental repasó la aplicación de Leyes como la de control de las ONG que impide el trabajo libre para las organizaciones defensoras de derechos humanos, ayuda humanitaria y de poblaciones como la LGBTIQ+ o las dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer. «La Ley Antisociedad, aunque presentada como facilitadora de la libertad de asociación, impone requisitos desproporcionados y sustituye el régimen previo de registro por uno restrictivo y de autorización.

Además, la implementación de la ley ha mostrado irregularidades sistemáticas, como plazos recortados, exigencias sobrevenidas, criterios dispares entre registros y ausencia de constancias formales de recepción de documentos», dijeron del instrumento normativo aprobado por el Parlamento que controla el chavismo.

Destacaron la aprobación, en octubre de 2025, de una normativa de 39 artículos para regular el ingreso, permanencia, ascenso y separación de jueces no titulares, ante la falta de una ley que regule el ejercicio de estos funcionarios, donde se mantiene el carácter de provisionalidad.