La transición también es interés de Estados Unidos

Es comprensible que Estados Unidos haya privilegiado inicialmente la estabilidad en Venezuela y evitado un vacío de poder.

Lo que resulta cada vez más difícil de entender es que, ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, una solución concebida como provisional —sostenida, además, sobre una figura de “ausencia forzosa” que la propia Constitución venezolana no contempla— corra el riesgo de convertirse en un arreglo permanente.

La permanencia de Delcy Rodríguez y de figuras estrechamente vinculadas al poder anterior no solamente retrasa la transición democrática.

Permite que sobrevivan estructuras de control social, redes de corrupción y lealtades construidas durante años, al tiempo que dificulta reconstruir el escudo de seguridad de un país penetrado por organizaciones criminales, grupos armados e intereses extranjeros.

Eso debería preocupar también a Washington.

Es comprensible que, con Estados Unidos inmerso en un despliegue militar en Medio Oriente y necesitado de un suministro petrolero estable, exista la tentación de aceptar el statu quo de Caracas mientras no genere sobresaltos.

Pero ese cálculo, quizás comprensible en el corto plazo, resulta miope en el mediano: confunde ausencia de crisis con presencia de estabilidad.

Venezuela necesitará enormes inversiones para reconstruir su industria petrolera, el sistema eléctrico, la infraestructura y los servicios públicos.

Difícilmente bancos, petroleras, aseguradoras y grandes inversionistas comprometerán las sumas que el país necesita mientras persistan dudas sobre la independencia de los tribunales, la seguridad jurídica y la permanencia de las redes que durante años utilizaron al Estado para favorecer, perseguir o enriquecerse.

Una transición requiere acuerdos y seguramente decisiones difíciles.

Pero reconciliación no puede confundirse con impunidad, ni estabilidad con la conservación de las estructuras que produjeron la crisis.

Estados Unidos debe preguntarse qué Venezuela le conviene tener dentro de cinco o diez años: una aparentemente estabilizada, pero todavía penetrada por los mecanismos del antiguo régimen y dependiente de la tutela de Washington, o una democracia institucionalmente sólida, económicamente abierta y capaz de convertirse nuevamente en un socio confiable que pueda sostenerse sin supervisión externa permanente.

Para lograrlo hay que completar la transición: acelerar la conformación de un CNE independiente, renovar el TSJ, profesionalizar las Fuerzas Armadas, desmontar los mecanismos de control social y establecer un calendario electoral inequívoco.

La reciente apertura de una mesa de trabajo entre el gobierno interino y la oposición puede ser un primer paso genuino o una manera más de ganar tiempo sin ceder terreno real.