Jesús María Casal: Comisión de juristas puede cubrir deficiencias en selección de magistrados del TSJ

Archivo El saneamiento del Poder Judicial tiene eco en la opinión pública en tanto requisito imprescindible para avanzar en la recuperación de la democracia en Venezuela.

Sin embargo, no sería la primera vez que se intenta (y que se falla) en el propósito de adecentar los tribunales del país.

Lo nuevo es el peso del tutelaje de Estados Unidos en la gobernabilidad sui géneris que existe desde que Delcy Rodriguez reemplazó a Nicolás Maduro en la presidencia de la República, en enero de 2026.

Para el constitucionalista Jesús María Casal, el tutelaje abre una “ventana de oportunidad”.

Casal, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y exdecano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, reconoce que las fuerzas democráticas y las organizaciones de la sociedad civil, llamadas a protagonizar el proceso, transitan un “terreno inclinado o muy empinado”.

No obstante, insiste en que las condiciones actuales —marcadas por la llamada mesa de diálogo que reúne al liderazgo oficialista y a una parte del liderazgo opositor— configuran un espacio de juego político que no se debe dar por cerrado antes de tiempo.

El experto apela a la autoridad que proviene del estudio del Derecho y, en ese sentido, confía en que los juristas más calificados de Venezuela harán lo que esté a su alcance para que la “ventana de oportunidad” se mantenga abierta.

El rol de los juristas -Tras la última reforma de la ley, el Comité de Postulaciones Judiciales aumenta de 10 a 12 los representantes de la sociedad civil, pero mantiene a 11 diputados en su seno. ¿Cómo evalúa esta composición? -La Constitución es clara en el artículo 270: el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por distintos sectores de la sociedad.

El propósito de la norma es evitar el control partidista sobre el Poder Judicial y limitar la intervención de la Asamblea Nacional en la designación de las altas autoridades de control.

Lamentablemente, este principio constitucional nunca se ha cumplido.

Desde los primeros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados por la Asamblea Nacional Constituyente entre gallos y medianoche, pasando por la ley del año 2000 y las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del TSJ, se ha violado la Constitución al no reservar dicho comité exclusivamente a la sociedad civil.

Tener diputados en la instancia que hace la primera selección de candidatos a magistrados es una inconstitucionalidad que venimos arrastrando. -¿Cuál es el objetivo de crear una comisión de juristas como contralora del proceso? -La comisión de juristas surge precisamente como una propuesta para compensar las deficiencias que emergen como fallas de origen en la selección de los magistrados del TSJ.