La justicia secuestrada: Por qué sin la reforma total del TSJ ningún acuerdo político es viable

Priorizar la renovación e independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde la primera fase de una negociación no es un capricho legalista ni una demanda teórica

"No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia "

El análisis del sistema de justicia en Venezuela exige trascender la coyuntura mediática, así como las innecesarias diatribas y examinar las estructuras que sostienen el control institucional. En su obra "Los juristas del horror", Ingo Müller - traducido al español hace muchos años por el amigo Carlos Armando Figueredo- documenta cómo el estamento judicial en la Alemania nazi fue desmantelado desde adentro hasta convertirse en un engranaje central de la represión. Guardando las distancias de los contextos históricos y sin caer en simplificaciones, la analogía resulta insoslayable al examinar el siniestro recorrido de la justicia venezolana: una sórdida pasarela donde la independencia del juzgador ha sido sustituida por la subordinación o la grosera y servil genuflexion política.

​Hoy, en el centro del debate estratégico nacional, persiste una atención mediática y ciudadana enfocada casi de forma exclusiva en las condiciones electorales y en la conformación del CNE. Sin embargo, la realidad institucional demuestra que, sin la reconstrucción e independencia del Poder Judicial, cualquier acuerdo político o electoral carece de piso de sustentación.

​Priorizar la renovación e independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde la primera fase de una negociación no es un capricho legalista ni una demanda teórica; representa una garantía de supervivencia para los pactos que de allí surjan. El TSJ actúa como la instancia con poder absoluto sobre las reglas del juego. ​Las intervenciones institucionales de los últimos años han demostrado que el control sobre la Sala Constitucional y la Sala Electoral otorga al poder público facultades desmedidas que se han ejercido sin contrapesos: ​Capacidad de veto: Inhabilitación de candidaturas políticas sin juicio previo ni debido proceso. ​Intervención partidista: Judicialización y reestructuración de las directivas de las organizaciones políticas opositoras.

​Anulación institucional: Invalidación de decisiones de otros poderes públicos o suspensión de procesos electorales ya avanzados.

​Si una negociación se limita a equilibrar la directiva del CNE o a ajustar garantías técnicas de votación, el acuerdo permanece expuesto a la arbitrariedad del TSJ. Un tribunal cooptado conserva la facultad jurídica de desmantelar, mediante sentencias inapelables, cualquier avance negociado. Por ello, la reforma de la justicia no es el resultado lejano de una transición exitosa, sino el prerrequisito sine qua non que la hace viable.

​Esta vulnerabilidad del sistema responde a una estrategia calculada. Un hito decisivo en la erosión de la autonomía judicial ocurrió en 2009 con el caso de la jueza María Lourdes Afiuni.