La decisión de un juez que obliga a EEUU a preparar el regreso de una mujer ya deportada

Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la División de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) llevan a cabo una parada de tráfico y detienen a personas.

Foto: AP/Alex Brandon En una resolución judicial poco frecuente dentro de los tribunales federales de Estados Unidos, un juez en Houston ordenó al gobierno estadounidense repatriar a una ciudadana nicaragüense que fue expulsada del país mientras tramitaba la reapertura de su causa migratoria.

El dictamen del magistrado frena los efectos de la deportación ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar el retorno de la afectada para que pueda ejercer su derecho a la defensa.

Por Clarín La medida beneficia a Marcela Linda Arias, una mujer que residió en la ciudad de Houston durante casi 15 años y que busca regularizar su estatus legal bajo el amparo de las leyes de protección para supervivientes de violencia doméstica.

La suspensión automática ignorada por ICE y el fallo en Houston El conflicto legal se originó a finales de junio de 2026, cuando los agentes de migración procedieron con la expulsión de Arias a Nicaragua.

Antes de que se ejecutara el vuelo, la defensa de la mujer había radicado formalmente una moción para reabrir su expediente ante el tribunal de inmigración.

De acuerdo con el procedimiento migratorio estadounidense, la presentación de este recurso genera una suspensión automática e inmediata de cualquier orden de deportación previa hasta que el tribunal correspondiente analice la solicitud.

A pesar del marco regulatorio, el organismo gubernamental procedió con el traslado.

Ante esta situación, el juez de distrito estadounidense David Hittner concedió una orden de restricción temporal, concluyendo que Arias enfrentaría un daño irreparable si continuaba fuera del país.

Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, la corte otorgó un plazo perentorio al Departamento de Seguridad Nacional para detallar el plan operativo de repatriación previa a la audiencia fijada para el 15 de septiembre.

Un dato clave dentro del expediente es que el tribunal de inmigración concedió la reapertura del caso apenas 24 horas después de que la mujer fuera subida al avión.

La postura del Gobierno y los plazos procesales Durante las audiencias preliminares, la representación legal del Departamento de Justicia rechazó que la deportación haya sido ilegal.

El abogado del Gobierno, Nicholas Sabin, argumentó que la moción presentada por Arias carecía de validez procesal debido a que una solicitud independiente tramitada años atrás había recibido una negativa por parte de las autoridades.