El caso Linda Loaiza y las deudas del Estado venezolano con la Corte IDH

Desde 1996 por la masacre de El Amparo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido 33 sentencias que involucran al Estado venezolano.

La situación de la abogada Linda Loaiza López Soto, cuyo juicio marcó un hito en el juzgamiento sobre la responsabilidad de los Estados en la violencia contra la mujer, ejemplifica las circunstancias de muchas de las decisiones: cumplidas de forma parcial o desechadas de plano por las autoridades venezolanas.

Otros 16 casos están en la etapa contenciosa, como la masacre de El Junquito, la persecución contra el exalcalde Pedro Lares y su familia o la muerte del productor agropecuario Franklin Brito Las recientes decisiones de la Corte de Apelaciones de Caracas en el caso de la abogada y activista Linda Loaiza López Soto, víctima de secuestro, torturas, violencia sexual y de género, dejan en evidencia una deuda que arrastra el Estado venezolano con el sistema interamericano de derechos humanos desde 1996: el incumplimiento de sentencias y, por tanto, la falta de justicia y reparación a las víctimas.

En el caso de Linda Loaiza López, el pasado 28 de agosto la Corte de Apelaciones decidió iniciar un nuevo juicio por el delito de violación cometido por Luis Carrera Almoina, quien estaba en una libertad que fue revocada.

Sin embargo, aún queda pendiente que se incluya el delito por torturas, la investigación sobre las irregularidades en el proceso judicial, así como sanciones sobre los responsables de los múltiples hostigamientos, amenazas y ataques contra ella, sus familiares y su abogado, al igual que otra serie de reparaciones. *Lea también: Caso Linda Loaiza: Corte de Apelaciones ordena celebrar un nuevo juicio por violación Además, su caso es histórico pues marcó la primera sentencia contra un Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debido a la omisión en prevenir y sancionar la violencia de género.

Justamente, dentro de las reparaciones se solicitan cambios a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la elaboración y aprobación de un reglamento en este sentido.

Para entender parte del incumplimiento de los gobiernos venezolanos con el sistema interamericano hay que remontarse al 10 de septiembre de 2012, cuando la administración de Hugo Chávez denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Un año después, la decisión se hizo efectiva y Venezuela quedó por fuera del ámbito de la Corte IDH.