EEUU deporta al militar venezolano Rafael Quero Silva, acusado de torturas en 2013

Ante la expulsión de Rafael quero Silva, la organización Funpaz aclaró que la medida migratoria no extingue la demanda civil federal interpuesta en tribunales estadounidenses por sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ( ICE ) confirmó este miércoles 26 de agosto la deportación a Venezuela del mayor de la Guardia Nacional (GN) en retiro, Rafael Quero Silva, ejecutada el pasado 18 de agosto tras dictarse una orden del Departamento de Justicia estadounidense.

El exmilitar de 55 años, quien comandó el antiguo Destacamento 47 en Barquisimeto, estado Lara, es señalado por organizaciones defensoras de los derechos humanos de dirigir la represión y perpetrar actos de tortura durante las manifestaciones sociales registradas en los años 2013 y 2014.

La expulsión del exoficial se concretó pese a las solicitudes enviadas por víctimas y ONG internacionales que exigían su juzgamiento ante la justicia estadounidense.

Quero Silva ingresó a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami y fue arrestado el 27 de febrero de 2025 en la localidad de Miramar, Florida, luego de ser investigado por el FBI en relación con al menos 20 testimonios que lo vinculan con abusos sistemáticos.

Paralelamente, el 30 de diciembre de 2025 cinco sobrevivientes interpusieron una demanda civil federal ante el Distrito Sur de Florida al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1991. *Lea también: Delcy Rodríguez recibe en Miraflores al nuevo coordinador residente de la ONU Documentaciones de la ONG Provea responsabilizan al comando de Quero Silva por abusos cometidos durante las protestas de 2013, contabilizando decenas de detenciones arbitrarias y agresiones físicas dentro del recinto militar, incluyendo descargas eléctricas, golpizas y amedrentamiento psicológico.

Ante la materialización del traslado a territorio venezolano, la asociación civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) emitió un comunicado oficial este 26 de agosto para fijar postura pública sobre el estado procesal del caso.

La organización precisó que la deportación no menoscaba, limita ni invalida el derecho de los afectados a obtener justicia y reparación integral.

Funpaz enfatizó que la salida de Quero Silva de Estados Unidos no interrumpe ni extingue la demanda civil federal abierta ante los tribunales norteamericanos, ratificando que el expediente permanece activo en dicha jurisdicción para la determinación de responsabilidades por violaciones graves a los derechos humanos.