La quinta invasión de los territorios indígenas, por Joséphine Lechartre

En los últimos años, el Día de la Raza, de la Hispanidad o de Colón, dependiendo del país, ha sido sustituido por una jornada de reconocimiento de la resistencia indígena a la colonización europea de las Américas y de reivindicación de la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

A pesar de los avances en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, su soberanía sigue bajo asedio.

El académico maya Giovanni Batz sostiene que las tierras indígenas de Guatemala han sufrido cuatro invasiones: la colonización, la expropiación posterior a la independencia, la violencia estatal durante el conflicto armado y el despojo extractivo.

Las redes criminales transnacionales bien podrían constituir una quinta ola de incursión sobre la soberanía indígena en América Latina.

El crimen organizado se encuentra actualmente entre las mayores amenazas para la supervivencia de los pueblos indígenas en América Latina.

Afrontar este desafío requiere herramientas políticas urgentes, proporcionales y adaptadas a cada contexto, que sitúen en el centro las experiencias, los conocimientos y la soberanía indígenas.

La incursión criminal en los territorios indígenas Impulsado por el aumento de los precios de las materias primas, el auge extractivista de América Latina que comenzó a principios de la década del 2000 planteó serios desafíos a la soberanía indígena.

A medida que empresas transnacionales y nacionales ampliaron la extracción a gran escala en territorios habitados por comunidades indígenas, muchos de los costes ambientales y sociales fueron asumidos localmente.

La minería, la agroindustria y otras actividades extractivas degradaron los ecosistemas de los que dependían las comunidades y amenazaron sus medios de vida.

Aunque los marcos jurídicos nacionales e internacionales reconocían derechos como el consentimiento libre, previo e informado, estas protecciones se eludían con frecuencia, quedaban reducidas a meras formalidades procedimentales o iban acompañadas de la criminalización de las protestas.

Sin embargo, incluso cuando estas protecciones resultaban débiles, las industrias extractivas operaban dentro de una arquitectura legal e institucional que proporcionaba a las comunidades indígenas al menos algunos mecanismos para cuestionar sus actuaciones.

Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, los procedimientos nacionales de consulta, las normas de responsabilidad empresarial y las iniciativas sectoriales crearon mecanismos –aunque imperfectos– para impugnar la incursión en tierras ancestrales.

La expansión de los grupos criminales organizados en territorios indígenas plantea un nuevo problema.

Las economías criminales pueden coincidir con las industrias extractivas legales, pero representan una amenaza diferente.