Informe revela grave vulneración de DDHH en comunidades rurales de Yaracuy tras sismos e inundaciones #26Ago

Las organizaciones CAMPO, el Comité de DDHH del Municipio Bolívar, Periodistas Por Venezuela y la Red Local de DDHH del estado Yaracuy presentaron un informe de monitoreo en terreno que saca a la luz la dramática situación de vulnerabilidad en la que se encuentran diversas comunidades rurales de la entidad.

La investigación, reseñada y compartida por la ONG Provea, documenta cómo la emergencia desencadenada por las intensas precipitaciones de los días 30 y 31 de julio agravó la ya precaria infraestructura de la zona, previamente debilitada por un doble evento sísmico ocurrido el 24 de junio de 2026.

El reporte enfatiza que la situación actual no representa un hecho aislado, sino una «suma de desastres», los sismos iniciales comprometieron la estabilidad geológica en los municipios Manuel Monge y Bolívar, mientras que el posterior desbordamiento de los ríos Aroa, Chivacure y Los Ureros generó un escenario de daños exponenciales sobre la vida, las viviendas y los medios de subsistencia de cientos de familias.

Entre los hechos más graves documentados figura el fallecimiento de la ciudadana María Eloína Hernández (49) en el caserío San Amaya, quien perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica al intentar proteger su inmueble de la crecida.

En el sector Boquerón, la acumulación de lodo y sedimentos contaminados con heces de ganado porcino provocó brotes de infecciones dermatológicas y afecciones en los pies. La falta de acceso a agua potable para el aseo personal agrava este cuadro, configurando una severa vulneración a los derechos a la salud y al agua.

En cuanto a la infraestructura habitacional, el monitoreo registra 138 viviendas afectadas en Boquerón (195 familias), 55 anegadas en San Amaya y más de 100 familias damnificadas en el municipio Bolívar, donde el agua superó el metro de altura, en Barlovento se contabilizan 40 viviendas con anegación grave y una estructura colapsada, mientras que en Los Ureros 24 viviendas resultaron impactadas, cinco de ellas con pérdida total de bienes.

Además, señalan que existe un riesgo inminente de colapso en inmuebles que presentan grietas profundas por los sismos de junio, especialmente en Quebrada Seca y El 50.

La vocación agrícola y pecuaria de la región también sufrió un duro golpe tras la pérdida masiva de cultivos de ají, lechosa, maíz y plátano, sumado al arrastre de ganado. La paralización de unidades productivas y de Empresas de Producción Social (EPS) no solo pone en peligro la seguridad alimentaria regional, sino que destruye las principales fuentes de empleo local.

Las organizaciones calificaron la respuesta del Estado como asimétrica e insuficiente. Denuncian, entre otros aspectos, la entrega de un solo colchón por vivienda en el sector El 50 —donde habitan entre 5 y 10 personas por hogar— y la ausencia de maquinaria pesada para la remoción del lodo tóxico en Boquerón.

Asimismo, urgieron a atender a comunidades aisladas como El Tigre, cuya vía principal se encuentra fracturada.