Vicente Brito: La propiedad privada, pilar de libertad y progreso

La propiedad privada es el derecho legal que tienen las personas y las empresas para poseer, controlar y disfrutar de sus propios bienes sin la intervención del gobierno u otros individuos.

Cuando el Estado protege las pertenencias de sus ciudadanos, se construye un entorno de confianza, paz social y crecimiento sostenible.

Los países que disfrutan de mayores niveles de libertad ciudadana son, en general, aquellos donde el derecho a la propiedad privada está protegido por las leyes, respaldado por instituciones sólidas y acompañado de seguridad jurídica.

La posibilidad de adquirir, conservar y disponer libremente de bienes permite a los ciudadanos construir un patrimonio, invertir sus ahorros, generar ingresos adicionales y contar con una base económica que les proporcione mayor independencia y seguridad durante su vida productiva y en la etapa de retiro.

A lo largo de nuestra historia, la propiedad privada ha sido también un instrumento fundamental de ahorro, inversión y generación de riqueza.

Durante la época colonial, las haciendas y los hatos constituyeron importantes unidades de producción, vinculadas al desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.

Posteriormente, con el desarrollo de la industria petrolera, el crecimiento del empleo y la mejora de los ingresos de los trabajadores, se crearon mecanismos de financiamiento que permitieron a miles de familias adquirir viviendas propias mediante créditos a largo plazo, en algunos casos de hasta 30 años.

Esta posibilidad de acceder a una vivienda propia produjo una transformación significativa en la calidad de vida de los venezolanos.

De igual manera, el acceso al crédito permitió adquirir vehículos, electrodomésticos y otros bienes, fortaleciendo la capacidad de las familias para construir un patrimonio propio y mejorar sus condiciones de vida.

La propiedad privada también fue un elemento esencial para el desarrollo de la actividad económica.

Los bienes podían utilizarse como garantía para obtener créditos destinados a la construcción de viviendas, centros comerciales y empresas, así como para impulsar la producción agrícola, pecuaria, pesquera y agroindustrial.

Este proceso contribuyó a consolidar un aparato productivo nacional capaz de abastecer buena parte de las necesidades de la población, reduciendo la dependencia de las importaciones.

Sin embargo, durante los últimos 27 años, el denominado Socialismo del Siglo XXI promovió un modelo que debilitó progresivamente la protección de la propiedad privada.

Las invasiones, ocupaciones y expropiaciones amparadas en un conjunto de leyes y decisiones administrativas generaron inseguridad jurídica y afectaron a miles de propietarios y productores.