Cuando la venganza jurídica sobrepasa a la justicia
Durante mis cuatro años como Comandante en Jefe de la Armada, una pregunta dolorosa me acompañó de cerca: ¿Por qué el Estado y sus instituciones no han sido capaces de hacer prevalecer el estricto imperio de la ley para devolver la libertad a la inmensa mayoría de camaradas recluidos en penales públicos? Hablo, sin eufemismos, de soldados, marinos, aviadores, carabineros, detectives, gendarmes y civiles que constituyen, en los hechos, nuestros Militares Presos Políticos (MPP).
No es una causa lejana para mí.
Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera tomé la decisión inédita de enviar a dos almirantes de mi Alto Mando Naval a visitar a estos camaradas recluidos —un gesto institucional que a ambos les costó el retiro anticipado al término de ese año.
Desde que pasé a retiro, cargo con la convicción de que la sociedad y sus instituciones no han hecho lo suficiente frente a un drama que heredamos como jóvenes oficiales y que se hizo más pesado en cada nueva responsabilidad que asumí.
En estos años he visitado personalmente los tres principales penales donde hoy permanecen privados de libertad cerca de 300 camaradas —hombres y mujeres cuyo promedio de edad supera los 80 años.
He recorrido esos pabellones.
He visto el deterioro biológico, la enfermedad terminal, el avance implacable de la ancianidad tras las rejas.
No hablo desde la teoría: hablo desde el testimonio directo de ver apagarse la vida de ancianos que dependen de andadores, sillas de ruedas o de la caridad de sus propios compañeros de encierro, en una reclusión que hace tiempo perdió cualquier fin resocializador.
Dos sistemas, una misma Constitución Resulta jurídicamente inaceptable que en un Estado de Derecho convivan dos sistemas procesales radicalmente opuestos.
Mientras a la generalidad de los chilenos se les juzga bajo la Reforma Procesal Penal —acusatoria, pública e imparcial—, a los uniformados de estas causas se les mantiene bajo el procedimiento penal inquisitivo de 1906: escrito, secreto en sus fases decisivas, donde una misma autoridad investiga, acusa y sentencia.
Aquel «traje procesal a medida» que Chile abandonó por injusto para el resto de la sociedad se conservó —de manera excepcional y discriminatoria— para juzgar solamente a militares y policías. ¿Es esto justicia o es venganza? A esta anomalía procesal se suma un sesgo dogmático en los tribunales superiores.
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