Así como vamos, no vamos

El verdadero problema no es la velocidad con que se producen los cambios.

Después de tantos años de deterioro institucional, una transición necesariamente requiere tiempo.

El problema es si los cambios apuntan realmente a transformar las estructuras que sostuvieron el sistema o si se limitan a modificar algunas de sus expresiones.

Se pueden anunciar mejores condiciones para los contratos petroleros, excarcelar algunos presos políticos e incluso iniciar la transformación del Tribunal Supremo de Justicia.

Todo eso es positivo.

Pero no basta.

Siguen pendientes asuntos fundamentales: jueces que participaron en procesos sin las debidas garantías, estructuras de poder vinculadas al control de empresas públicas y otros negocios, medios digitales que permanecen bloqueados, inhabilitaciones políticas que no han sido levantadas y obstáculos para la participación de dirigentes políticos.

También sigue pendiente una respuesta efectiva frente a los grupos irregulares que operan en distintas zonas de la frontera.

El acuerdo del 12 de agosto para renovar por completo el TSJ es, en principio, un paso distinto.

No se trata solamente de una decisión administrativa, sino de la posibilidad de desmontar una de las estructuras que durante años acompañó las decisiones más controvertidas del poder.

Pero el anuncio, por sí solo, no constituye la prueba.

La verdadera prueba será quiénes ocupen esos cargos y, sobre todo, cómo serán escogidos.

Si el nuevo tribunal reproduce los vicios del anterior, tendremos razones para pensar que se trata simplemente de un cambio de fachada.

Si, por el contrario, se construye un Poder Judicial independiente, con magistrados escogidos mediante un proceso transparente y con verdaderas garantías, estaremos ante una señal importante de transformación.