EEUU alista deportación de traficante de armas criollo

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la extradición de Jean Carlos Michel Ramírez, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y es requerido en Venezuela para ser juzgado por terrorismo, entre otros delitos.

Interpol de Estados Unidos informó a Venezuela que Michel Ramírez “es objeto de deportación… por violar la Ley de Inmigración”.

En razón de ello, el Ministerio Público activó el trámite para traer a Venezuela vía extradición a Michel Ramírez, planteamiento que se basa en la orden de aprehensión que le dictaron el 8 de agosto de 2024 por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.

El expediente relacionado con el aludido trámite ingresó a la Sala Penal el 20 de mayo pasado y al mes siguiente (11 de junio) sus tres magistradas emitieron la sentencia N° 377, donde declaran procedente la extradición del sujeto.

En esa sentencia, la Sala Penal, a nombre del Estado venezolano, asume el compromiso ante Estados Unidos, que Michel Ramírez será juzgado aquí con las debidas garantías.

Para exigir a la administración estadounidense la entrega de Michel Ramírez, la Sala Penal invocó el tratado de extradición suscrito entre ambas naciones el 19 de enero de 1922.

La investigación relacionada con Michel Ramírez fue iniciada el 31 de julio de 2024 por los fiscales Pitters Oramas, Martín Ramón Colina y Dayana Hernández, quienes tramitaron una serie de detenciones y allanamientos contra integrantes de una red que traficaba fusiles enviados desde Estados Unidos por Michel Ramírez.

Uno de los detenidos es Leonardo Attilio Micaletti Hernández, capturado por el Cicpc en Quinta Crespo, Caracas, donde le incautaron un revólver Amadeo Rossi calibre 38 mm; dos miras telescópicas; cinco cañones de armas largas; seis cargadores; diez palancas de armado y partes de armas de guerra tipo fusil, entre otros materiales que el sujeto transportaba en la maletera de una camioneta Toyota Fortuner, tal como lo informó el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.

En la guantera del mencionado vehículo, los funcionarios del Cicpc localizaron documentos de una avioneta que le pertenece a Micaletti Hernández, aparcada en Santa Elena de Uairén (Bolívar) y una lancha estacionada en los canales de Río Chico (Miranda), dice la sentencia.

Al momento de ser detenido, Micaletti Hernández profirió amenazas contra los agentes del Cicpc exigiendo ser liberado porque, de lo contrario, serían objeto de “medidas drásticas”, por parte de las personas que lo apoyan, entre ellos el funcionario del Cicpc Argenis José Mavares Alcalá.