Vecinos de La Guaira custodian edificaciones entre incertidumbre por demoliciones y desamparo

A pocos días de cumplirse cuatro meses del doble terremoto , ocurrido el pasado 24 de junio, el mapa habitacional en La Guaira se muestra entre escombros, procesos de desmantelamiento debido a robos y la incertidumbre sobre el destino que tendrán las edificaciones y los terrenos.

La tragedia ya no se limita a la devastación que dejó el sismo, sino a la zozobra de familias que perdieron su techo y se encuentran atrapadas en un laberinto burocrático y técnico.

Entre ingenieros patólogos estatales que no se dan abasto para evaluar decenas de estructuras agrietadas, plataformas digitales que borran o alteran los diagnósticos de habitabilidad y comisiones oficiales que postergan decisiones definitivas, los propietarios han tenido que asumir por cuenta propia la custodia de las ruinas para evitar que el hampa arrase con lo poco que queda en pie.

La rutina de la emergencia ha transformado la dinámica social de las comunidades afectadas.

Familias enteras sobreviven en condición de refugio o en calidad de «arrimadas» en casas de familiares y amigos, mientras ven transcurrir las semanas sin una hoja de ruta clara que les permita acceder a créditos de reconstrucción o a nuevas soluciones habitacionales.

La posibilidad de recuperación de un inmueble o la eventual demolición ha generado debates entre copropietarios que intentan salvar sus apartamentos y quienes, arruinados financieramente, desean el derribo inmediato para intentar vender la tierra.

Resistencia En las residencias Golf Plaza, en la zona de Tanaguarena, el resguardo de la estructura descansa sobre la determinación de sus habitantes.

José Francisco Liendo vive en el edificio en medio de un escenario de precariedad estructural: paredes atravesadas por boquetes, pasillos agrietados y columnas con daños visibles tras el sismo.

Luego de pasar semanas durmiendo en carpas, Liendo tomó la decisión de instalarse en el que era el apartamento de su madre, en el piso 7.

Desde ahí ejerce labores de vigilancia tras acordarlo con la representación del condominio.

Custodia no solo esa propiedad horizontal, sino prácticamente la dinámica de media cuadra.

La edificación fue catalogada en una primera inspección con etiqueta roja, señal indicativa de riesgo y demolición.

Semanas después, en una asamblea vecinal sostenida en el Club Tanaguarena con representantes de la Vicepresidencia y de la Comisión Presidencial de Habitabilidad, se acordó someter el inmueble a una segunda evaluación técnica a cargo de ingenieros patólogos para determinar si la estructura puede ser reorientada a estatus amarillo y calificada como recuperable.

A la fecha, la respuesta permanece congelada por la saturación de los equipos técnicos del Estado. «Por aquí pasaron los ingenieros y dijeron que iban a demolerlo.