Piden a Cancillería atender peticiones de organizaciones defensoras de presos políticos
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y el Programa y Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunciaron que a más de diez días de haber entregado un documento en la Cancillería de Caracas sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos, no ha habido respuesta alguna.
Las organizaciones expusieron que el secretario general de la Cancillería, Rodolfo Crespo , recibió un texto donde se expone la crisis de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país.
“Pese a que las familias dejaron sus números de contacto directos tras el compromiso del organismo de darles respuesta de inmediato, transcurrida una semana aún no han recibido ninguna comunicación oficial”, expuso el Clippve en su cuenta de X .
Las organizaciones denunciaron torturas, privación de alimentos y suspensión reiterada de las visitas de familiares y representantes legale s.
También alertaron sobre reclusos con patologías graves a quienes se les niega la atención médica oportuna .
Igualmente que quienes han sido excarcelados tienen obstáculos para la reinserción laboral, así como para la recuperación de documentos de identidad como cédula y pasaporte.
Clippve y Provea propusieron a los miembros de la Cancillería la creación de una mesa de trabajo enfocada en permitir el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
Asimismo solicitaron a las autoridades que la Cruz Roja pueda entrar a los centros de reclusión a fin de evaluar las condiciones de salud física y psicológica de los presos.
“Desde CLIPPVE y las organizaciones participantes reiteramos la necesidad de cumplir con los protocolos internacionales para lograr la libertad plena de los más de 400 presos políticos que continúan privados de libertad en Venezuela”, expuso el comunicado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”.
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