El caso Linda Loaiza: 25 años de impunidad y una orden de captura que quedó en papel

Una orden de captura fue emitida el 9 de julio de 2026 para Luis Antonio Carrera Almoina , conocido como «El Monstruo de Los Palos Grandes» , quien en marzo de 2001 secuestró a la abogada y defensora de derechos humanos Linda Loaiza .

Sin embargo, la orden no parece ser suficiente para capturar al hombre que raptó a una joven de 18 años hace más de 20 años . La ONG Justicia, Encuentro y Perdón publicó un comunicado en el que indica que la orden de captura no fue notificada formalmente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ni entregada a Interpol .

«Sin salir del despacho del juez no evita que el acusado por crímenes tan atroces se evada de la justicia. Esto se suma al diferimiento constante de las audiencias, un recurso utilizado de manera sistemática para congelar el juicio», señala el comunicado.

El 27 de marzo de 2001 , Linda Loaiza fue secuestrada en Caracas por Luis Antonio Carrera Almoina, quien la mantuvo cautiva durante al menos cuatro meses en un apartamento de la urbanización Los Palos Grandes . Durante ese período, Loaiza afirma haber sufrido violencia física y psicológica, mutilaciones, lesiones y violación. Fue rescatada en julio de ese mismo año luego de pedir ayuda desde una ventana.

Su caso estuvo marcado por irregularidades y por una sucesión interminable de jueces. En 2004 , la jueza Rosa Cádiz Rondón absolvió a Carrera Almoina por considerar que había pocas pruebas de que él fuera el autor de las lesiones o de la violencia sexual. Además, ordenó una investigación contra Loaiza y su familia.

En 2005 , esa decisión fue anulada y se realizó un nuevo juicio en el que Carrera fue condenado a seis años y un mes de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones personales gravísimas, excluyendo los cargos de violación, tortura y homicidio calificado en grado de frustración. Carrera salió en libertad en 2008 . Actualmente se desconoce su paradero.

Durante años, Linda Loaiza no solo denunció las fallas de su caso sino las fallas sistemáticas de un Estado que tuvo una investigación deficiente, falta de recolección de pruebas, retrasos, cambios de jueces y trato discriminatorio hacia ella y su familia.

Sin rendirse, en noviembre de 2007 Linda y su representante Juan Bernardo Delgado presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado venezolano. En 2010 , la CIDH declaró el caso admisible y en julio de 2016 responsabilizó al Estado por impunidad estructural y fallas en el sistema judicial. También determinó que Linda habría sufrido actos de tortura y esclavitud sexual, cargos por los que Carrera nunca fue sentenciado.

Ese mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó revisar el caso con jueces distintos en una sala diferente. El Estado venezolano nunca respondió al informe de la CIDH, por lo que el caso fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos . En 2018 , la Corte dictó sentencia señalando que el Estado había violado los derechos de Linda y su familia por la falta de investigación, la revictimización y la discriminación durante el juicio.