El precio de delegar el destino: La libertad y la trampa del tutelaje en Venezuela

​"El precio que los hombres buenos pagan por la indiferencia hacia los asuntos públicos es ser gobernados por hombres malvados. "

​Esta advertencia milenaria cobra hoy en Venezuela la vigencia de una sentencia urgente: el repliegue ciudadano y la apatía no son refugios neutrales, sino el terreno fértil donde la arbitrariedad echa raíces. Por ello, la participación activa en los asuntos del Estado no es una simple virtud cívica opcional, sino una necesidad imperativa de supervivencia democrática. La sociedad no puede permitirse el lujo de la pasividad ni delegar a ciegas su destino; debe ejercer una vigilancia inflexible, con la mirada puesta de manera prioritaria y crítica sobre las dinámicas y acuerdos que se tejen en la compleja Mesa de negociación. Solo una ciudadanía fiscalizadora, organizada y consciente evitará que el diálogo vuelva a transformarse en un mero instrumento de dilación y garantizará que cualquier salida sea el reflejo legítimo de la soberanía popular y no de una componenda de élites.

​El ensayista español Antonio Escohotado repetía incansablemente una premisa fundamental para la madurez política de cualquier sociedad: la libertad no promete comodidad ni la ausencia de riesgos. Exige tomar decisiones, asumir consecuencias y hacernos plenamente responsables de nuestro propio destino. La alternativa de delegar el criterio en estructuras de poder puede transmitir una ilusión de certidumbre; sin embargo, cuando esa supuesta protección implica amputar la autonomía individual, el precio a pagar resulta devastadoramente alto.

​En el contexto actual de Venezuela, este dilema deja de ser una abstracción filosófica y se convierte en una urgencia cotidiana. Tras años de erosión institucional, el país se adentra en la nebulosa del llamado "Rodrigato", un esquema de tutelaje político que busca reordenar la hegemonía del poder desde la cúpula, manteniendo la opacidad en la gestión como su principal divisa. Bajo este modelo, las decisiones fundamentales sobre el destino nacional se manejan tras puertas cerradas, sustituyendo la soberanía de los ciudadanos por la voluntad arbitraria de una minoría.

​Esta falta de transparencia genera una inevitable y justificada desconfianza en los llamados "procesos de negociación". El venezolano no desconfía del diálogo por irracionalidad o radicalismo, sino por un sobrio pragmatismo alimentado por la memoria colectiva: la acumulación de mesas de negociación fallidas que, históricamente, sirvieron más para dilatar tiempos y oxigenar hegemonías que para restituir derechos democráticos. Cuando el tutelaje político exige que la sociedad entregue su fe a oscuras —en cualquier sentido de interpretación— solo cosecha el escepticismo de un país exhausto de ser espectador de su propia historia. ​

Escohotado recordaba que una sociedad sana confía en individuos capaces de elegir, equivocarse y volver a intentarlo. No hay atajos hacia la libertad que prescindan del ciudadano.