Régimen impone nuevos cargos contra el opositor Javier Martín, conocido como el “Spiderman cubano”

Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como el “Spiderman cubano”, permanece en prisión provisional sin que se haya informado una fecha de juicio ni una solicitud de pena de la fiscalía , según denunció la organización Cubalex .

El proceso incorporó dos nuevas imputaciones, desacato y propaganda contra el orden constitucional, además de la acusación inicial por desórdenes públicos.

Cubalex vinculó los cargos con las protestas de Javier Martín contra el régimen cubano por la situación económica, política y social , así como con sus transmisiones en directo a través de redes sociales.

La ONG sostiene que el caso forma parte de un uso del sistema penal contra personas que expresan críticas al oficialismo.

El 16 de septiembre de 2026, la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana confirmó la medida cautelar de prisión provisional.

La revisión se realizó sin una audiencia en la que el acusado pudiera intervenir, de acuerdo con el reporte de Cubalex.

La resolución señaló que “ pudiera existir ” material probatorio contra el boxeador de artes marciales mixtas.

Para Cubalex, esa formulación evidencia que el tribunal no acreditó la existencia de pruebas suficientes para sostener la permanencia del imputado en prisión antes de un juicio .

La defensa solicitó el control judicial de la prisión provisional, figura prevista en la Ley del Proceso Penal cubana, y requirió la celebración de una audiencia.

El abogado de Javier Martín argumentó que el acusado había ejercido su derecho a expresar opiniones políticas y que el encarcelamiento preventivo debe aplicarse de manera excepcional .

La fiscalía se opuso al pedido.

Según Cubalex, reconoció por escrito que Martín Gutiérrez no tiene antecedentes penales, cuenta con domicilio conocido y mantiene una conducta habitual en su comunidad.

Pese a esos elementos, una jueza rechazó la solicitud sin convocar a las partes a una audiencia.

La decisión se apoyó en la gravedad de los hechos imputados, en la tesis de que el acusado había intentado “ desacreditar al país ” y en la posibilidad de que existieran pruebas en su contra.