La polémica por la suspensión de la baja de la edad de imputabilidad revela la incapacidad de diálogo

Como en buena parte del mundo, también en la Argentina el debate público se degradó .

En tiempo de polarizaciones ideológicas y grietas políticas -potenciadas por las redes sociales- todo es blanco o negro.

O se está de un lado o del otro.

Con la cabeza fría, todos sabemos que la realidad, en general, tiene matices y que, con frecuencia, la razonabilidad está en el medio .

Con las disculpas por el lugar común, el sentido común es en los tiempos que corren el menos común de los sentidos.

La fuerte polémica que suscitó la suspensión en la provincia de Buenos Aires de la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual constituye un excelente ejemplo.

Dejando de lado el debate de si la magistrada estaba facultada para tomar la decisión que tomó al respecto -debate que dejamos en manos de los juristas-, su decisión provocó una ola de críticas , básicamente por ser considerada “abolicionista” y privilegiar a los que delinquen.

Los fuertes cuestionamientos -sobre todo en las redes sociales (¡cuándo no!)- alcanzaron a la institución que presentó el habeas corpus : Federación Familia Grande Hogar de Cristo -y a su líder, el conocido padre Pepe Di Paola -, que a través de más de un centenar de sedes en barrios populares de todo el país acoge a los adictos más pobres, muchos de los cuáles deambulan sin rumbo, o sea, a los que están en la peor situación, sin que el Estado llegue a contenerlos.

La nueva ley sobre el Régimen Penal Juvenil , si bien establece que a partir de los 14 años los menores pueden ser procesados, juzgados y eventualmente condenados, la prisión es para los casos más graves como homicidio o secuestro con un límite máximo de 15 años de encierro, mientras que para las penas menores o iguales a tres años la justicia evaluará la prestaciones de servicios comunitarios o tobillera electrónica, entre otras medidas restaurativas.

El nuevo régimen penal juvenil establece nuevas penas y medidas para adolescentes que cometan delitos. (Foto: Imagen generada con IA - Gemini) Asimismo, precisa que los menores privados de su libertad deben ser alojados -hasta cumplir los 18 años- en establecimientos especializados, exclusivos para jóvenes.

E instaura el derecho a que reciban asistencia profesional médica, psicológica, nutricional y social periódica, con el objetivo explícito de avanzar en su resocialización y educación , en línea con la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Si el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad -que viene de lejos- fue fuerte, no menos intenso resultó el del financiamiento de la ley .