Cirujano que denunció manipulación de listas de espera en Madrid anuncia acciones legales

Madrid, 24 sep (EFE).- El cirujano ortopédico del Hospital Ramón y Cajal Luis Alberto Martos, que denunció la manipulación de las listas de espera en este centro hospitalario, ha anunciado que emprenderá acciones legales tanto penales como civiles contra la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ante el "hostigamiento" que ha sufrido tras su denuncia.

Martos lo ha anunciado en la concentración de apoyo, convocada por el sindicato médico mayoritario en la Comunidad de Madrid, Amyts, este jueves a las 11:00 horas a las puertas del Hospital Ramón y Cajal, tras los "ataques" que ha recibido de la Comunidad de Madrid.

Más de un centenar de personas, muchas de ellas vestidas con batas blancas, se han congregado a las puertas del centro hospitalario, donde han coreado "consejera dimisión" y han portado carteles con lemas como "Investigar los hechos.

Proteger a quien los denuncia".

La secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hernández, ha pedido a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que se retracte de las "acusaciones y mentiras" sobre el cirujano Luis Alberto Martos, a quien atribuyó la manipulación de las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal de Madrid "para su beneficio", o de lo contrario que dimita.

Amyts ha organizado esta acción para denunciar la alteración de las listas de espera y reclamar refuerzos para reducirlas de manera efectiva.

El País publicó el martes 15 de septiembre que dos responsables de dicho centro sanitario, uno de los principales hospitales públicos de la capital, rebajaron la gravedad de los pacientes en espera para cirugía con el fin de mejorar artificialmente la situación de las listas de espera.

Según esa información, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado, hubo 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología cuya prioridad se rebajó de preferente (intervención en un tope de 90 días) a normal (ampliando el plazo máximo a 180 días), sin valorar en persona a esos pacientes y sin hablar con los cirujanos que habían determinado la gravedad de esos casos.

EFE