“Declaré por temor”: el giro de uno de los detenidos por el secuestro del empresario minero en Trujillo

Los siete investigados que recibieron 36 meses de prisión preventiva por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo rechazaron ante el Poder Judicial las imputaciones de la Fiscalía.

Uno de ellos, Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho” , incluso se retractó de una declaración que había brindado durante las primeras diligencias y que lo vinculaba con otros investigados.

“ “Yo, en realidad, no tengo nada que ver en esto.

Yo sé que he declarado unas cosas, o sea, por temor a que le hagan algo a mi familia, por el personal que me había intervenido” , sostuvo Zavaleta durante la audiencia.

Su versión contrasta con la declaración que brindó anteriormente a las autoridades.

En aquella oportunidad, “Juliacho” habría reconocido su participación y señalado a otros investigados, de acuerdo con información difundida durante las primeras diligencias del caso.

Ahora, durante la audiencia de prisión preventiva, Zavaleta buscó apartarse de aquella versión y sostuvo que había hablado bajo presión de la Policía por temor a las consecuencias para sus familiares.

Siete investigados irán al penal El Milagro Las declaraciones se produjeron durante los ocho días de audiencias que culminaron con la decisión del juez Eduardo Medina, del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Turno de Trujillo.

El magistrado dictó 36 meses de prisión preventiva contra Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; Frank Quezada Cruz, “Ñato”; Ángel Bocanegra Linares, “Folo”; César García Rivera, “Bolacho”; Roy Bocanegra Aguilar, “Pity”; Roy Bocanegra Marreros, “Roy”; y Joyce Bereche Maco, “R”.

Los siete serán trasladados al penal El Milagro, en Trujillo.

Durante las audiencias, los investigados rechazaron las imputaciones fiscales y negaron tener responsabilidad en el secuestro de Lara y el homicidio de sus cuatro acompañantes.

La decisión judicial, sin embargo, no constituye una sentencia de culpabilidad.

Los siete mantienen la condición de investigados mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para establecer la responsabilidad individual de cada uno.

El juez sustentó la prisión preventiva en elementos relacionados con el peligro procesal, la falta de arraigo domiciliario y laboral, así como inconsistencias advertidas en algunos argumentos de las defensas y las evidencias incorporadas a la carpeta fiscal.