La Corte Suprema de Justicia de Guatemala presenta al Congreso la iniciativa de Ley de Mediación

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala presentó ante el Congreso de la República la iniciativa de Ley de Mediación , identificada con el número 6850 , para regular esta práctica en los ámbitos público y privado y evitar que los conflictos deban llegar necesariamente a los tribunales.

La propuesta fue entregada por la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, junto al vocal III, René Guillermo Girón Palacios, al presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colindres.

Los centros de mediación del Organismo Judicial registraron 123,846 mediaciones entre 2019 y 2025.

La iniciativa busca responder a esa demanda mediante reglas para procedimientos ágiles, confidenciales, voluntarios y cooperativos, orientados a que las partes alcancen soluciones mutuamente satisfactorias.

La secretaria ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, Mayra Alejandra Carrillo , participó en la entrega como parte del acompañamiento institucional.

La Dirección Legislativa recibió oficialmente la propuesta bajo la denominación “Iniciativa que dispone aprobar Ley de Mediación”.

Contreras expresó la apertura del Legislativo para dar seguimiento a la iniciativa y mencionó, durante el acto, reformas pendientes al Código Procesal Penal en materia de casación.

La Corte Suprema de Justicia puso así a consideración de los diputados una normativa específica y actualizada para la mediación dentro de la modernización del sistema de justicia guatemalteco.

Un marco legal para evitar la judicialización La propuesta define la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos en el que un tercero neutral facilita el diálogo sin imponer una solución.

El objetivo es que las personas involucradas construyan acuerdos consensuados para resolver controversias de forma pacífica.

El proyecto regularía el ejercicio de la mediación y la función del mediador, con alcance sobre asuntos familiares, civiles, laborales, mercantiles, penales, agrarios y ambientales, entre otras materias, salvo las exclusiones previstas en la propia ley.

También busca reforzar la certeza y la seguridad jurídica de los acuerdos de voluntades.

Girón Palacios explicó que la elaboración de la propuesta fue resultado de un trabajo conjunto de los integrantes de la Corte Suprema: “Los trece Magistrados hemos ido examinando y presentando nuestros aportes para que la función mediadora tenga un soporte de ley ordinaria que permita a los mediadores resolver, intervenir, practicar todos los casos que se les presenten sin necesidad de judicializarlos”.