ONG en Guatemala denuncia que el Ministerio de Agricultura de Guatemala ejecutó el 46,43% de su presupuesto vigente frente a la sequía
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala había ejecutado solo el 46.43% de su presupuesto vigente, equivalente a Q 971,65 millones equivalentes a unos USD 125.7 millones, al 21 de septiembre, mientras 3.2 millones de personas enfrentaban riesgo de inseguridad alimentaria por la sequía.
La Coordinación de ONG y Cooperativas y el Instituto por la Democracia difundieron el dato el 23 de septiembre y reclamaron una respuesta más rápida ante los efectos del fenómeno de El Niño.
La crisis climática ya provocó pérdidas de cosechas en más de 300 municipios, de los cuales 15 fueron catalogados como prioritarios.
Entre ellos figura Chiquimula, uno de los departamentos con mayor afectación, de acuerdo con la Vicepresidencia.
Míriam Suyuc, analista de presupuesto del Instituto por la Democracia, señaló que las sequías en unas regiones y las inundaciones en otras profundizaron una vulnerabilidad alimentaria que el país arrastra desde hace años.
El Gobierno impulsa el Plan de Acción de Respuesta a la Emergencia por Sequía 2026, que contempla distribución de alimentos, vigilancia satelital de la sequía agrícola y entrega de semillas tolerantes al estrés hídrico.
El riego y los huertos familiares como prioridad agrícola La producción de alimentos para el consumo familiar debería concentrar los recursos del MAGA, sostuvo Suyuc.
La analista propuso fortalecer los sistemas de patio y traspatio, donde las familias cultivan frutas y verduras y crían aves y cerdos, además del modelo Milpa-Patio destinado a la siembra de maíz y frijol.
Los sistemas de riego y miniriego registraban una ejecución de apenas 7% : de Q 36.11 millones asignados, se habían devengado Q 2,68 millones al 21 de septiembre.
Suyuc consideró que esa partida debe recibir atención inmediata para asegurar el acceso al agua durante las próximas cosechas.
El seguro agrícola ya había utilizado el 100% de su presupuesto vigente y el 70% de sus beneficiarios son mujeres.
La especialista también solicitó ampliar el extensionismo rural para que los campesinos reciban asistencia técnica en sus comunidades, sin tener que trasladarse a las sedes ministeriales.
Alejandro Aguirre, director ejecutivo de Congcoop , cuestionó lo que definió como una subejecución persistente durante la actual administración.
Propuso instalar alertas tempranas para el sector agrícola y revisar si el seguro vigente debe complementarse o sustituirse por un seguro climático y un fondo de reserva permanente en el presupuesto nacional.
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