Honduras acumula tres años de medidas pendientes para evitar emergencias y muertes en sus cárceles

Tres años después de que se emitiera una alerta sobre las condiciones y los riesgos dentro del sistema penitenciario hondureño , varias de las medidas planteadas para prevenir emergencias y proteger la vida de las personas bajo custodia del Estado continúan pendientes de cumplimiento .

El dato surge de un nuevo seguimiento realizado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( CONADEH ) a la Alerta Temprana emitida el 24 de junio de 2023.

Entre las acciones que permanecen pendientes se encuentran la elaboración de protocolos de emergencia , planes de evacuación, mecanismos para prevenir incendios, atención médica ante situaciones críticas y medidas destinadas a mejorar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

El seguimiento vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de las instituciones hondureñas para responder ante una emergencia dentro de las cárceles, especialmente después de que en los últimos años se hayan registrado episodios que evidenciaron los riesgos existentes en estos centros.

Frank Cruz , director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH , explicó que las recomendaciones formuladas buscan que las autoridades cuenten con procedimientos concretos para actuar ante incendios y otras situaciones que puedan poner en peligro la vida de las personas recluidas.

El problema señalado por el organismo no se limita a la existencia de protocolos.

También abarca la prevención, la atención inmediata y la investigación de hechos que puedan terminar en muertes o lesiones dentro de los centros penitenciarios.

Medidas sin concretarse Entre las recomendaciones se incluyeron planes de evacuación, protocolos de emergencia, atención médica inmediata y medidas de seguridad , además de acciones orientadas a prevenir incendios y evitar que hechos graves queden sin investigación.

El organismo también vinculó estas obligaciones con los estándares establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos .

La discusión cobra especial relevancia porque, ante una emergencia dentro de una cárcel, las personas recluidas dependen directamente de la capacidad de reacción de las autoridades responsables del establecimiento.

El 7 de julio de 2026, se realizó un segundo seguimiento de las recomendaciones y solicitó información a varias instituciones involucradas en la administración, seguridad y justicia penitenciaria: el Poder Ejecutivo , el Instituto Nacional Penitenciario ( INP ), la Secretaría de Defensa Nacional ( Sedena ), el Ministerio Público , el Poder Judicial y el Cuerpo de Bomberos de Honduras .