Contratos de largo plazo y mayoría de acciones: los puntos claves del pliego de privatización

El Gobierno terminó de definir el nuevo esquema de privatización para Fabricaciones Militares (FM) , una de las empresas estratégicas de la Defensa argentina.

La firma buscará uno o más operadores privados, que podrán ser extranjeros, para asociarse en las distintas líneas de producción de la compañía.

El detalle de lo que se conoce.

El mecanismo quedó plasmado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares del Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001 de Fabricaciones Militares S.A.U. , al que accedió El Cronista .

El documento establece las condiciones para seleccionar a los inversores y contiene también el modelo de contrato que deberán firmar los ganadores.

Con el pliego en mano, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , elaboró un informe jurídico crítico sobre las condiciones del concurso y sostiene que el mecanismo constituye una “privatización material” de la compañía.

Como ya lo adelantó El Cronista , el Gobierno preparó un concurso de empresas para incorporar capital privado a Fabricaciones Militares mediante un esquema asociativo de largo plazo.

Hasta ahora, fuentes oficiales habían confirmado que los contratos podrían extenderse entre 10 y 30 años .

El documento definitivo amplía ese horizonte: los contratos tendrán una duración mínima de 10 años y podrán llegar hasta los 35 años , de acuerdo con la propuesta que presente el adjudicatario.

Pero el pliego revela además un dato central que hasta ahora no se conocía, el operador privado deberá tener al menos el 51% de participación en la Unión Transitoria (UT) que constituya junto con Fabricaciones Militares .

“El porcentaje de participación del oferente no deberá ser inferior al 51%”, establece el documento.

La participación definitiva de FM será uno de los componentes de la oferta económica presentada por cada interesado.

Desde el gremio de estatales cuestionaron todo el diseño y sostiene que el mecanismo constituye una “privatización material” de Fabricaciones Militares sin transferencia formal de los activos.

Según el informe elaborado por ATE, la combinación de una participación privada de al menos 51%, una mayoría de tres contra dos en el Comité Ejecutivo, la designación privada del representante y la gestión operativa a cargo del adjudicatario deja al Estado en una posición minoritaria.